A 4 años del 1DMX manifestantes exigen reparación de daños

CIUDAD DE MÉXICO,. 2 de diciembre de 2016.- A cuatro años de los disturbios por la toma de la presidencia de Enrique Peña Nieto, las secuelas por las detenciones arbitrarias y lesiones por golpes de policías, no han sido sanadas por completo por las víctimas de aquel día denominado 1DMX.

Rita Neri, estudiante de medicina y última en ser liberada del Reclusorio de Santa Martha Acatitla, aseguró que la reparación del daño psicológico, físico y moral no ha sido cubierto por las autoridades capitalinas, quienes habían prometido que se encargarían de estos hechos.

“Lo que puedo decirte es que el apoyo solamente se dio por seis meses, cuando se había quedado en que sería, mínimo, año y medio, porque fue un hecho que a mí en lo particular me dejó mal parada, es decir, perdí mi trabajo, mis amigos se alejaron y mi familia también se vio afectada.

“Mis padres recibieron burlas por parte de algunos vecinos, los señalaban y les preguntaban de manera bufona que se sentía tener a una hija criminal, eso es lo que las autoridades no saben o no quieren ver, porque eso es lo que más nos afectó a los que nos detuvieron ese día de manera injusta”, comentó Neri.

El pasado 1 de diciembre de 2012, dos choques entre policías y manifestantes se registraron, uno a las afueras de la Cámara de Diputados y el otro en la Alameda Central de la capital.

Desde las 7 horas, previo a la llegada de Peña Nieto, los protestantes arribaron con el objetivo de ingresar al Congreso para frenar la asunción del nuevo titular del Ejecutivo federal, además de que las porras y consignas comenzaron a subir de tono.

Gabriela Hernández, quien también fue detenida ese día en el cruce de Eje Central y 5 de Mayo, en el Centro Histórico, recordó la forma en cómo fue tratada por un juez al ser presentada como una delincuente de alta peligrosidad.

“Fui encarcelada porque un juez dijo que era una persona de altísima peligrosidad por asistir a muchas marchas, es decir, que por expresar mi libre manifestación representaba un serio peligro para la sociedad.

“Los argumentos legales eran simplemente absurdos e injustos, porque participar en marchas, no te hace delincuente, al contrario, solamente mostraba mi molestia hacia una decisión impuesta que duraría seis años”, compartió Hernández.

El operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Federal (PF), fueron criticados por diferentes organizaciones de derechos humanos y exigieron una pronta explicación por las detenciones, al azar, que realizaron los efectivos policiacos.

Ante esta situación, un grupo de abogados independientes se unieron para defender a los poco más de 30 detenidos y sin cobrar un solo peso.

La abogada Carla Michel fue una de las creadoras de la Liga de abogados 1DMX y aseguró que a pesar del pago de las fianzas de los inculpados, se mantuvo una presión hacia las autoridades por el uso excesivo de la fuerza, castigo a los responsables y pago de los diferentes daños.

“Lo que vimos ese día fue una total y absoluta reprensión hacia los chavos, una violación de sus derechos humanos y, sobre todo, una pésima impartición de justicia, porque tú podías ver que las sentencias eran absurdas, los querían dejar encerrados, por actos en los que no participaron, cinco años, imagínate perder tanto tiempo de tu vida por algo que no hiciste.

“Logramos cambiar uno de los articulo a la ley de la Ciudad de México, que condenaba los disturbios y daños a propiedad ajena, que tenía una condena más grande que robo no agraviado, cuando conseguimos este cambio y se pagó la fianza es cuando se logró el acuerdo con las autoridades para que aprendieran los diferentes daños causados, pero solamente fueron seis meses y ya no pasó más”, comentó Michel.

En este operativo perdió la vida el profesor Roberto Kuykendall, quien recibió un impacto de bala en la cabeza durante los hechos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, hasta la fecha no se ha encontrado al culpable y no se ha seguido con la investigación del caso.

Quedan dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto y los resultados de estas diligencias no han sido concluidas y no se han condenado a los responsables de estos hechos.