Oran por la paz en el Centro de Chilpancingo
CIUDAD DE MÉXICO a 2 de noviembre de 2016.- La impunidad en las agresiones contra periodistas y medios de comunicación se coloca hasta en un 90 por ciento, lo que ha limitado la libertad de expresión y consolidación democrática de México.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, se determinó que sólo en 10 por ciento de los casos existe sentencia condenatoria y en el 90 por ciento restante hay impunidad, lo que genera un clima adverso para el ejercicio periodístico y genera espacios de autocensura.
De acuerdo con las cifras de la CNDH, del año 2000 a la fecha se tienen registrados 119 homicidios de periodistas –de los cuales 12 corresponden a mujeres– 20 periodistas han desaparecido desde 2005 –de los cuales 2 son mujeres– y se han cometido 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.
“Este Organismo Nacional subraya que quien atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión también lo hace contra la sociedad mexicana y sus instituciones democráticas, por lo cual es urgente que todas y cada una de las agresiones o crímenes contra periodistas se investigue, esclarezca y sancione conforme a derecho.
“Con el fin de contribuir en la lucha por abatir la impunidad en los agravios contra periodistas, en el mes de febrero de 2016 la CNDH dio a conocer la Recomendación General 24 ‘Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México’, donde se refieren los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico y el alto grado de impunidad que persiste en los crímenes contra periodistas y medios de comunicación”, señaló la CNDH.
Algunas de las propuestas en la Recomendación General consisten en que en cada indagatoria relacionada con agravios a periodistas se esclarezcan los hechos y se agoten todas las líneas de investigación, sobre todo la relacionada con el ejercicio de la labor periodística, y que las mismas se determinen a la brevedad.
Asimismo, que las procuradurías de justicia cuenten con fiscalías o unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos contra el ejercicio periodístico, especialmente en aquellas entidades donde se advierte una alta incidencia respecto de ataques a periodistas y medios de comunicación.