Aprueban diputados en lo general y en lo particular la reforma en telecomunicaciones

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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril (Quadratín México).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la minuta de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, por lo que se enviará al Senado.

El documento reforma los artículos seis, siete, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política y deriva de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal en el marco del Pacto por México y fue suscrita por dirigentes nacionales y coordinadores de bancada del PRI, PAN, PRD y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al votarse en lo general, el documento obtuvo 409 votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones.

En lo particular, se avaló la reserva que presentó el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal García, al Artículo 28, fracción siete, sobre amparo y que fue aprobado en lo particular con 393 votos a favor, 46 en contra y tres abstenciones.

Al fundamentar el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos constitucionales, el perredista Julio César Moreno Rivera señaló que con esa propuesta se sientan las bases para que México se encuentre a la vanguardia en el campo de las telecomunicaciones, dentro del contexto de un mundo globalizado.

Consideró que el trabajo legislativo que hasta el momento se ha efectuado en ambas cámaras ha tenido como única finalidad lograr una profunda transformación en esa materia en beneficio de todos.

Por ello, mencionó, celebramos que de ambas cámaras hayan incluido que el organismo público de Telecomunicaciones que preste el servicio de radiodifusión será un organismo descentralizado.

También, se incluye dentro del concepto de concesiones sociales a las comunitarias e indígenas; se incorporan como contrapesos a los órganos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica, los que deberán presentar un informe de actividades trimestralmente.

Asimismo, se establece que por falta grave los comisionados de los órganos puedan ser removidos de su cargo; se señala que cada órgano deberá contar con una Contraloría Interna.

En los servicios de telecomunicaciones se precisa que los mismos se prestarán en condiciones de “acceso libre” y sin injerencias arbitrarias, sin confundir esta expresión con la gratuidad de los servicios.

Además, se establece que el Ifetel fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones, previa opinión de la autoridad hacendaria, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días.

En materia de amparo, las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados sólo mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

Solamente en las resoluciones en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo.

Por lo cual, se daría una “suspensión de hecho” ya que, será hasta que el juicio de amparo culmine con una resolución que las sanciones puedan aplicarse.

Respecto de las resoluciones emanadas de procedimientos seguidos en forma de juicio, sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento.

En materia de telecomunicaciones, afirmó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no es posible darse el lujo de permanecer en el estancamiento, es preciso tener presente la pluralidad de opinión.

Asimismo, la calidad en los servicios y contenidos, “nos reflejará como una sociedad más competitiva e informada capaz de enfrentar los retos que el avance del resto de las naciones nos demanda”.

Por separado, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, afirmó que confía en la responsabilidad de la colegisladora y apruebe los cambios acordados por los diputados, a fin de que inicie el recorrido por los congresos locales.

En conferencia de prensa, aseveró que de otra manera se tendrían que regresar al Palacio Legislativo de San Lázaro las posibles modificaciones que le hagan los senadores y se retrasaría su aprobación en el Constituyente.

Al hablar a nombre del PRD, la diputada Roxana Luna Porquillo mencionó que la iniciativa presentada por el Ejecutivo establecía, en términos generales, aspectos medulares de la reforma desde un punto de vista institucional.

Ello, con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica y el Organismo Público de Radiodifusión sin fines de lucro y los tribunales especializados, entre otros.

Sin embargo, expuso que la propuesta presidencial requería del aporte del Constituyente Permanente para incorporar diversas demandas sociales siempre postergadas por el poder político.

Asimismo, asentó el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a tener sus medios propios de comunicación había sido una ilusión constitucional por no existir una figura jurídica que les diera vida.

Esta reforma, subrayó, obligará a que al elaborar la ley secundaria se observe un proceso simplificado para la existencia de los medios sociales para permitir la viabilidad financiera, y todo esto pueda contribuir a la pluralidad.

La legisladora Purificación Carpinteyro Calderón, del PRD, consideró que los cambios que hicieron los senadores a la minuta de la Cámara de Diputados fue un retroceso, sobre todo al Artículo 28, fracción VII de la Constitución.

A pesar de ello, resaltó, “hicimos una reforma que puede y va a transformar al país, no sólo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, sino en materia económica, atendiendo a todos y cada uno de los sectores que en muchos casos se encuentran con una elevada concentración en manos de los grupos que los encabezan”.

Le dimos dientes a la Comisión Federal de Competencia para actuar en contra de ellos, estableció, pero el Senado se los quitó. “No se preocupen, porque habrá eventualmente las leyes secundarias donde tendremos la oportunidad de rehacer aquello que el Senado deshizo”.

En este contexto, la Cámara de Diputados avaló la propuesta del panista Villarreal García, de incluir un párrafo al Artículo 28 de la Constitución en materia de juicios de amparo.

La reforma en telecomunicaciones modifica el Artículo 6 de la Carta Magna en su primer párrafo, para incluir que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Se precisa que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general y en su prestación no existirán “injerencias arbitrarias”.

La reforma crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para regular el uso del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Asimismo, plantea que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) se convierta en la Comisión Federal de Competencia Económica, y sea un órgano autónomo que tenga por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios y las prácticas monopólicas.

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Ifetel se integrarán por siete comisionados cada uno, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo federal con la ratificación del Senado, con una duración de nueve años en el cargo, sin reelección.

El presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión.

Sobre estos dos organismos creados, los diputados avalaron en el Artículo 28 que las concesiones que otorgue el Estado serán para uso comercial, público, privado y social, incluyendo este último apartado las comunitarias e indígenas y se otorgarán sin fines de lucro.

En ese mismo artículo se modificó el plazo en el que el secretario del ramo puede emitir una opinión no vinculatoria sobre el otorgamiento, revocación o cambio de operaciones de concesiones.

En el primer dictamen, avalado por esta soberanía, se señaló un límite de 45 días, mientras que en la minuta enviada por el Senado se redujo a 30 días.

Se anexó entre las obligaciones de los dos órganos el que anualmente tendrán que presentar un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y el Ejecutivo podrá solicitar a cualquiera de las cámaras la comparecencia de los titulares de los órganos.

Los comisionados de estos organismos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado por falta grave en el ejercicio de sus funciones.

Respecto a los requisitos que deben cumplir los comisionados, los diputados aprobaron reducir de cinco a tres años el plazo en el que no deben haber ejercido algún puesto público o de función directiva en alguna empresa relacionada con las telecomunicaciones.

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