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CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril (Quadratín México).- El Senado de la República aprobó por unanimidad reformas legales para dotar de la facultad de atracción al ministerio público federal cuando se cometan delitos del fuero común contra periodistas, personas o instalaciones que afecten el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta.
La Procuraduría General de la República (PGR) podrá conocer y perseguir estos delitos.
También a los jueces federales se les otorgó competencia para juzgarlos.
Los senadores explicaron que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendaron ampliar la protección a la actividad periodística.
El dictamen de los senadores destaca que en México las personas que se dedican al periodismo se encuentran en una situación vulnerable.
Su integridad física y vida pueden verse amenazadas.
Se hicieron modificaciones y adiciones a cuatro ordenamientos legales: el Código Federal de Procedimientos Penales; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley Orgánica de la PGR y del Código Penal Federal.
Ahí se establecen las causales para que la PGR atraiga los casos contra periodistas y medios de comunicación.
Entre ellos, cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal, cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real.
Cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta, cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su ratificación.
QMX/grr