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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio (Quadratín México).- El candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si las autoridades electorales no investigan y hay impunidad, se procederá en contra de las autoridades federales.
“Si no se investiga el asunto, si hay impunidad, vamos a proceder en contra de las autoridades responsables… que este expediente se entregue a Felipe Calderón, al secretario de Hacienda, a la Procuradora, para que el día de mañana no digan que no sabían. De acuerdo con la Constitución, si no se actúa cuando se conoce de un delito, se está encubriendo que se lleva a cabo ese delito. Estamos hablando de un delito grave, el uso del dinero de procedencia ilícita para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto”, señaló López Obrador.
En conferencia de prensa anunció que seguirán procediendo por la vía legal, pero para ello necesitan cumplir con todo lo que dicen las leyes y, por lo tanto exigirá a las autoridades que actúen conforme a derecho
Este medio día, el candidato presidencial de la izquierda expuso que su oficina de campaña recibió información en la que se acreditaría el manejo de esos recursos a través de empresas como Atama, Koleos, Tiguan, e Inizzio y una persona física de nombre Rodrigo Fernández.
Jaime Cárdenas, integrante del equipos de abogados que presentaron el juicio de nulidad de la elección presidencial ante la autoridad electoral, describió las actividades de cada una de las empresas presuntamente ligadas al manejo de los recursos referidos. Advirtió que si la autoridad electoral no da cauce a las pruebas por ellos presentados, estarían incurriendo en delito de complicidad.
Sobre las empresas Tiguan y Koleos, dijo el abogado Cárdenas, se descubrió que fueron constituidas el mismo día ante el mismo notario.
A decir del abogado, el delito por lavado de dinero se constituye por la violación al artículo 400 bis de código penal federal que establece el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los siguientes términos: se impondrá de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, invierta dentro del territorio nacional recursos de carácter ilícito.
El argumento que expuso Jaime Cárdenas es que los recursos de las empresas Inizzio, Efra, Tiguan realizaron operaciones con Monex con el propósito de ocultar la procedencia de recursos, por que con los recursos de origen delictivo se alientan al menos cuatro violaciones a la ley electoral.
En una larga exposición se advierte que los domicilios fiscales de las empresas en cuestión son falsos, fantasmas e inexistentes.
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