Rinde presidente del PJ informe; resalta justicia inclusiva y moderna
MÉXICO D.F., 16 de julio del 2014.- Luego que habitantes del poblado de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en la autopista Atlixco-Puebla y fueron violentamente reprimidos por cuerpos policíacos, quienes dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra hombres, mujeres, menores de edad y adultos mayores; los habitantes del poblado poblano denunciaron que no pensaron ser reprimidos de esa manera al exigir al gobierno del estado la devolución del registro público de sus localidades.
“En mi comunidad estamos muy enojados por la situación que vivimos. Se nos está presionando mucho. Me quieren hablar para negociar que esto no salga a la luz. Lo que quieren es tapar el sol con un dedo y esto no se puede tapar. Lo que sucedió fue una batalla de elementos armados contra civiles sin armas, sin nada, no íbamos preparados a pelear sino a manifestarnos”, relató Javier Montes, presidente de la junta de San Bernardino Chalchihuapan, durante la denuncia realizada en el Senado de la República.
Una pantalla ubicada a un costado de la sala de conferencias, muestra un video con gente bañada en sangre. El enfrentamiento dejó cinco heridos de gravedad, entre ellos un niño de 13 años llamado Alberto Tehualque Tamayo, quien lleva cinco días en terapia intensiva tras recibir un impacto de bala de goma. Los otros heridos de gravedad son Vicente Tecalero, Hugo Jiménez y Filemón Precio Grande, además de Martín Romero Montes, quien perdió varias muelas, pedazos de lengua tras recibir una bala en la mandíbula y además se le negó el derecho de ser atendido en un centro de salud público.
Con lágrimas en los ojos, Elia Tamayo, madre del menor herido tras recibir en el cráneo una bala de goma, pidió ayuda a los legisladores ayuda médica para atender a su hijo tras manifestar su temor ante el clima de represión que existe en el estado de Puebla.
“Yo me siento muy presionada por el señor gobernador, porque anda buscando quién es el responsable, quién mero es. Mi hijo le tocó una bala de goma. Yo le pido que no mienta más. Aquí en la Cámara de Diputados y Senadores les pido que manden un médico para que valore a mi hijo y le den seguimiento. Pido que suelten a mis pobres paisanos que no cometieron ningún delito. También le pido al gobernador que deje el registro público, porque como personas de bajos recursos no tenemos las posibilidades para las personas de la tercera edad, los que no pueden salir, ¿cómo van a sacar un papel?”, dijo.
“Dice el gobierno del estado de Puebla que nosotros fuimos los que agredimos, pero eso no es verdad. Nos acusa de irresponsables porque llevamos a niños, ancianos y mujeres. Desde aquí quiero decirle que no íbamos a una guerra, por eso iban todo tipo de personas, íbamos de forma pacífica a manifestarnos en diferentes puntos del estado”, agrega José Salomé Pacio Grande, presidente de la comunidad de San Martín Tlamapa, otra de las localidades afectadas por el gobierno de Puebla.
La situación en Puebla provocó que legisladores del PRD y PT exigieran al gobierno federal intervenir en el caso, luego que el Congreso Estatal aprobara la llamada “Ley Bala” que faculta al gobierno de Moreno Valle para reprimir la protesta social con la fuerza pública.
“En Puebla se vive una crisis de derechos humanos. Las balas de goma causan dolor, mutilan y hasta pueden matar. Con el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla se vive una de las etapas más represivas en el siglo XXI. Se ha configurado una crisis que se constata con 37 personas encarceladas actualmente en menos de tres meses”, indicó la diputada perredista Roxana Luna, quien criticó que el gobierno federal no haya establecido el diálogo con el gobierno poblano para atender el caso.
En el mismo sentido, algunos senadores de oposición consideran que la molestia que existe en Puebla se extenderá por todo el país cuando las empresas privadas despojen de su territorio a las comunidades con la aprobación de la reforma energética, por lo que pidieron al gobierno federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tomar cartas en el asunto.
“Este es el verdadero rostro del gobierno del Estado de Puebla que encabeza Rafael Moreno Valle, el de la represión, el abuso, la intransigencia, contra gente de bien que lo único que hace es defender el patrimonio de sus familias”, dijo el senador del PRD, Alejandro Encinas.
“Exigimos es que la Comisión de Derechos Humanos se manifieste de inmediato para detener esta furia destructiva de Moreno Valle”, apuntó el líder del PT en el Senado, Manuel Bartlett, quien manifestó que la imposición de diversos proyectos de infraestructura impuestos por el gobierno estatal para beneficiar “intereses extranjeros”, como el ducto que pasa por la zona de Atlixco, ha motivado la detención de más personas.
De acuerdo con el abogado defensor de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, cuatro personas fueron detenidas el pasado 9 de julio, las cuales se suman a las 37 personas encarceladas en los últimos tres meses por manifestarse contra los proyectos de infraestructura promovidos por el gobierno de Moreno Valle.
“El Ejecutivo declara que no hay persecución. Pues sí la hay, está en el expediente, en el proceso. La última aberración es que no nos han permitido revisar materialmente el proceso para realizar una defensa adecuada. No se nos han entregado copias certificadas de la declaración preparatoria, y muy lamentable es oír a personal del juzgado que nos digan que esta gente no va a salir porque estos son asuntos encomendados por el gobernador”, señala el abogado Raúl Rodríguez de la Fuente.
“Las autoridades no permiten que se defienda a esta gente, no hay Estado de derecho, no se puede litigar en Puebla”, agrega.