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MÉXICO, DF, 19 de julio de 2014.- A través de las misiones permanentes de nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), México depositó los instrumentos para oficializar el retiro de reservas a instrumentos de derechos humanos que amplían la protección de los mismos en casos de expulsión de extranjeros y justicia militar, que originalmente fueron formuladas por nuestra nación al vincularse a diversos tratados.
De acuerdo a un comunicado de prensa, el embajador Jorge Montaño, representante permanente de México ante la ONU, entregó las notas diplomáticas que dirigió el canciller José Antonio Meade Kuribreña al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, con lo que formalizó el retiro de las reservas en materia de expulsión de extranjeros, que habían sido formuladas por nuestro país en torno a los siguientes tratados internacionales:
En tanto, el embajador Emilio Rabasa, representante permanente de México ante la OEA, entregó a José Miguel Insulza, secretario general de la organización, las notas diplomáticas que le dirigió el canciller Meade, con objeto de retirar distintas reservas vinculadas con los derechos en casos de expulsión de extranjeros y sobre la justicia militar, que habían sido formuladas por nuestro país en torno a los siguientes tratados interamericanos:
El retiro de estas reservas da seguimiento puntual al paquete de iniciativas en materia de derechos humanos presentadas en octubre de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, y es parte de los compromisos de México en la segunda evaluación de nuestro país por parte del Mecanismo de Examen Periódico Universal de la ONU.
Además, el retiro de la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se derivó del cumplimiento de nuestro país a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco.
El retiro de las reservas señaladas, cuyos decretos promulgatorios serán publicados en los próximos días, constituye un avance en la protección de los derechos humanos en México en torno a la armonización de la legislación nacional conforme a nuestros compromisos internacionales.