Claudia Espino, la propuesta de Taddei a la Secretaría Ejecutiva del INE
MÉXICO D.F., 27 de julio del 2014. La administración del presidente Felipe Calderón no intentó resolver el problema de las pensiones en Pemex, situación que, de acuerdo con las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación, pone en riesgo las jubilaciones de los trabajadores que actualmente laboran en la paraestatal.
Esto de acuerdo con el informe de auditoría 12-1-18T4I-07-0180, correspondiente a la cuenta pública 2012 y realizado al régimen de pensiones de Pemex, el órgano fiscalizador emitió un dictamen negativo a la gestión de Calderón en un tema que “podría generar un riesgo para la sustentabilidad financiera de la entidad e incidir negativamente en las finanzas públicas”.
“La ASF considera que, en 2012, Pemex no acreditó la realización de acciones para contribuir al logro del objetivo 2.7. ‘Consolidar el Sistema Nacional de Pensiones’ del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, de mejorar su situación de endeudamiento en materia del pasivo laboral generado por las pensiones de sus 125 mil 260 trabajadores activos y sus 95 mil 617 pensiones en curso de pago, y establecer alternativas que permitan atender la situación financiera en materia de pensiones, en los términos que señalan el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016”, sostiene el documento.
La Auditoría señala que el gobierno de Calderón “no constituyó las provisiones y reservas actuariales, a efecto de afrontar en el mediano y largo plazos el pago de las obligaciones laborales futuras, que en 2012 ascendieron a 1 billón 18 mil 380 millones de pesos”.
El órgano fiscalizador también indica que de acuerdo con la Valuación Actuarial del Fondo Laboral Pemex al 31 de diciembre de 2012, año en que laboraron 125 mil 260 trabajadores con 15.7 años de servicio en promedio, dichos trabajadores “no contarán con portabilidad de sus beneficios pensionarios en el momento de su retiro o jubilación”, y representarán para la entidad una erogación de 51 mil 076.3 millones de pesos al año 2027, monto superior en 62.9 por ciento (19 mil 727.4 millones de pesos) al erogado en 2012.
“Por lo tanto, de no modificarse en el tiempo las variables presentes, el Fondo Laboral Pemex no será financieramente viable en el largo plazo, y podría generar un riesgo para la sustentabilidad financiera de la entidad e incidir negativamente en las finanzas públicas”, señala el informe.
En este contexto, diputados del PRI y PAN buscan convertir en deuda pública el pasivo laboral de 1.6 billones de pesos en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, dentro de la reforma energética que se discute en el Congreso de la Unión, situación que ha sido criticada por el PRD y los partidos de izquierda.