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MÉXICO, DF, 27 de enero de 2015.- El senador del PAN, Javier Lozano Alarcón, pidió perseguir y castigar el delito de los bloqueos constantes en las autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales por el daño patrimonial que ha dejado pérdidas de casi 200 millones de pesos.
Durante la reunión de trabajo con el director de Capufe, Benito Neme Sastré, el legislador panista, quien solicitó al Pleno de la Comisión Permanente la aprobación del encuentro, reprendió al funcionario al aclararle que dicha comparecencia no era para rendir un informe de labores, sino para explicar la situación de las vías de comunicación bajo su administración.
Reclamó que por la tolerancia a los “vándalos” se impide el ingreso que por ley corresponde a Hacienda Pública por el peaje de los automovilistas, además de que se están afectando la vida y movilidad de miles de personas en este país.
Cuestionó la actuación de Capufe al seguir protocolos internos en los que simplemente resguarda valores y da aviso a las autoridades, en vez de actuar.
“No es libertad de expresión cuando están transgrediendo todos los límites a los que se refiere el artículo sexto Constitucional”, rebatió al referirse a las manifestaciones.
“Esto no es protesta social, esto es vandalismo y delincuencia, y ya deberían saber que el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que es un delito federal y que se tiene que actuar con firmeza”, arguyó ante legisladores y el titular de Capufe.
Discutió la actuación del Gobierno Federal y puso en duda el aumento de los ingresos “cuando tan sólo en el estado de Guerrero tuvieron 173 veces las tomas de casetas en los últimos meses y se ha caído más del 35 por ciento los ingresos precisamente en esas casetas”.
El senador panista sostuvo que en realidad lo que se está haciendo es extorsionar so pretexto de cooperación en las casetas, robándole dinero a los usuarios, además de que éstos no contarán con un seguro de tránsito en esas autopistas por no tener un comprobante de que pagaron su cuota.
Aseguró que los mismos que desafían al Estado Mexicano con la protesta social en las plazas de cobro, son los mismos que defendieron al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa.
“No se vale es lucrar con el dolor de Ayotzinapa”, recalcó.