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MÉXICO, DF, 24 de septiembre de 2015.- El senador del Partido Verde, Pablo Escudero, acusó ante el pleno de la Cámara Alta al PRD, su dirigencia y a Andrés Manuel López Obrador, de ser los responsables de encumbrar en el poder a José Luis Abarca, responsable de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
“No basta con pedir una simple disculpa, prueba de ello es que mientras todo el gobierno federal y autoridades buscaban a los delincuentes, estos se encontraban escondidos y protegidos en la delegación Iztapalapa en casa de un proveedor oficial de servicios del PRD”, acusó el senador del Verde Ecologista en el marco del debate pactado, el Senado de la República.
Los dichos del senador Escudero Morales desataron reacciones en el senador perredista por Guerrero, Armando Ríos Piter, quien acusó de usar los sucesos del 26 de septiembre de 2014 con la intención de sacar ventaja política y denostar al PRD.
En este marco Ríos Piter recalcó la diferencia con la que fueron procesados los culpables, ya que mientras exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, se encuentra encarcelado, el alcalde de Cocula de afiliación priísta municipio donde presuntamente fueron incinerados los jóvenes, se encuentra en libertad.
Por su parte la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora del PRD Angélica de la Peña, pidió dar seguimiento al hallazgo de un quinto autobús del cual no se encuentra evidencia en la primera investigación de la PGR, así como la suplantación de un autobús que aseveró, patentizan la deficiente investigación de la Procuraduría federal.
En la primera parte del debate, donde cada grupo parlamentario expuso sus posicionamientos, el senador priista, Omar Fayad, solicitó dejar de lado el “reflector partidista” y dar seguimiento a las averiguaciones de las instituciones y de las contribuciones hechas por el grupo de expertos de la CIDH.
Desde tribuna Fayad Meneses solicitó a sus homólogos, no denostar los peritajes e investigaciones de la PGR, sino abonar y contrastar los informes del grupo interdisciplinario de la CIDH, frente a los peritajes oficiales.
Finalmente el PAN a través de la senadora Pilar Ortega Martínez, insistió en la conformación de una fiscalía especial para la investigación del delito, bajo los principios de objetividad y lealtad, sin ataduras o sesgos de carácter político que la gravedad del caso Ayotzinapa exige.