Presentan diputados del PRD demanda de juicio político contra Murillo

MÉXICO, DF, 24 de septiembre de 2015.- Por ignorar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó este día ante la Secretaría General una demanda de juicio político en contra del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por los actos y omisiones durante las investigaciones y resultados del caso Ayotzinapa.

“No puede quedar ningún funcionario impune ante los acontecimientos de la envergadura de lo ocurrido en Iguala, Guerrero”, sentenció el coordinador parlamentario del PRD Francisco Martínez Neri, pues considera que en vez de que la autoridad correspondiente procure justicia, la PGR distorsionó los hechos y destruyó pruebas sobre lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Científicamente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, sostuvo que imposible que los estudiantes hayan sido calcinados en el basurero de Cocula, como afirmó Jesús Murillo Karam en enero de este año, cuando todavía estaba al frente de la PGR.

Con fundamento con el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual establece que “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, Martínez Neri acusó que Murillo Karam incurrió en “violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales”.

Y en violación a la fracción sexta del mismo artículo, que dicta: “Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”.

Asimismo, la diputada del PRD Cristina Ismene Gaytán Hernández agregó que el ex secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) violó el artículo 47 de la misma Ley que establece que “todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan”.

Los funcionarios gozan de un año de gracia en el que se les extiende el fuero, por lo cual es necesario iniciar el procedimiento de desafuero, antes de que puedan iniciarse denuncias administrativas o penales.