No dilatar juicio político contra el gobernador de Veracruz, pide GPPRD

MÉXICO, DF., 29 de enero de 2016.- A propuesta del legislador Rafael Hernández Soriano, la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) acordó solicitar a las comisiones de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados iniciar a la brevedad los trabajos para someter a juicio político al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por las múltiples violaciones a Derechos Humanos y el manejo irregular del presupuesto en esa entidad.

Durante la discusión, análisis y aprobación de la Agenda Legislativa del Grupo para el Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de la 63 Legislatura del Congreso de la Unión, el parlamentario perredista argumentó hechos recientes -como el asesinato de periodistas y la desaparición de jóvenes- que dan cuenta del estado de vulnerabilidad en que se encuentran los ciudadanos en esa entidad.

Ante esa situación que no presenta signo alguno de mejoría, sino todo lo contrario, Hernández Soriano urgió a las comisiones mencionadas a instalar la Comisión de Procedencia.

Recordó que, conforme al artículo 110 de nuestra Constitución, los gobernadores, al igual que otros funcionarios estatales, son sujetos de juicio político en la Cámara de Diputados por violaciones graves a la misma Carta Magna y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Conforme a las solicitudes de juicio político presentadas contra Duarte de Ochoa en la Cámara de Diputados, estos supuestos se cumplen plenamente en su caso, por lo que no existe pretexto alguno para seguirlo protegiendo, pues más allá de que las comisiones de Justicia y Gobernación son presididas por sus correligionarios del PRI, debe prevalecer en el órgano legislativo una visión institucional y a favor de los Derechos Humanos y del manejo honrado, transparente y eficaz de los recursos públicos.

De acuerdo con el mismo artículo de la Constitución, las sanciones para quienes resulten responsables en los respectivos juicios políticos consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, aunque en el caso de los funcionarios estatales debe mediar la participación de los congresos estatales para tal efecto.

Para Rafael Hernández Soriano, ni las Comisiones de Justicia y de Gobernación ni la Cámara de Diputados, como tal, pueden ni deben dilatar más el procedimiento respectivo, pues incurrir en ello redundará en más perjuicios imperdonables para los veracruzanos.