Niños y adultos mayores en México, más vulnerables a morir por movilidad

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2018.- El 65.4 por ciento de las muertes en las calles son de las personas más vulnerables de la vía pública, por actitudes y comportamientos que pueden ser prevenibles.

Teniendo un 29 por ciento de la población realizando sus viajes a pie, el 44 por ciento de las muertes registradas por hechos viales son peatones, seguidos del 34.4 por ciento de ocupantes de vehículo, 19.5 por ciento de motociclistas y 1.9 por ciento de ciclistas.

Un Informe sobre la Seguridad Vial en México 2017, que emite el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), revela que los accidentes o hechos viales y heridos han disminuido en casi todo el país en un 10.1 por ciento y 29.2 por ciento, respectivamente. Sin embargo, los decesos mantienen una tendencia al alza, estimándose en 19 mil 536 personas para 2020.

Las tasas más altas de mortalidad se presentan en estados donde es mayor el porcentaje de viajes que se realizan en vehículo particular y que están por encima de la media nacional, como Zacatecas, Tabasco, Sinaloa, Durango, Nayarit, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Baja California, Campeche, Morelos, Puebla y Nuevo León.

De este estudio da cuentas el libro Anatomía de la Movilidad en México. Hacia dónde vamos, elaborado y presentado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia federal encabezada por Rosario Robles Berlanga.

Según el documento, la movilidad está costando vidas humanas, con más de 16 mil personas por año, siendo las principales víctimas las personas más vulnerables de la vía.

Dentro de la vulnerabilidad, los niños y niñas menores a cinco años y los adultos mayores de 60 presentan una tendencia mayor a fallecer en un hecho vial, mientras que, como motociclistas, la tasa más alta está en jóvenes y adultos de 20 a 39 años.

También cuesta discapacidad y discriminación

El libro señala que uno de los sectores de la población cuyo derecho a la movilidad es vulnerado de manera recurrente por la carencia de políticas públicas focalizadas es el de las personas con discapacidad.

En México, de los 120 millones de habitantes que se reportaron en 2014, 7.1 millones presentaban algún tipo de discapacidad, y “a pesar de que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que se deberán promover, proteger y asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales de este sector, los avances en materia de accesibilidad al transporte y de desplazamiento para este grupo presenta importantes áreas de oportunidad”.

De acuerdo con este ordenamiento jurídico, subraya que uno de los principios que deben guiar la implementación de políticas públicas orientadas a la atención de personas con esta condición es el principio de accesibilidad.

A partir de esto, se reconoce la necesidad de orientar esfuerzos de los tres niveles de gobierno para garantizar la accesibilidad en materia de desarrollo urbano y transporte, estableciendo medidas y normas que garanticen a este sector de la población la seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad de los distintos medios de transporte, lo que, en suma, permite su desplazamiento.

Ya sea en áreas urbanas o rurales, las personas con discapacidad enfrentan diversos obstáculos para su movilidad, pues la mayoría de los espacios públicos no están adaptados para permitir su libre traslado, máxime si se considera que un gran porcentaje de este grupo poblacional requiere del uso de bastón, silla de ruedas, andaderas o muletas para caminar o subir escaleras.

En la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), indica que el 31.1 por ciento de la población con discapacidad señalara que una de las principales problemáticas que enfrentan se da por calles, instalaciones y transportes inadecuados.