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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero de 2019.- El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que el dictamen de la Guardia Nacional no cumple con criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre participación de las Fuerzas Armadas en tareas seguridad pública.
Al participar en la mesa sobre Derechos Humanos y Guardia Nacional en el marco de las Audiencias Públicas que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, el alto comisionado reconoció que el dictamen ha tenido cambios positivos, sin embargo, destacó que todavía hay motivos de preocupación sobre la creación de la Guardia Nacional.
Recordó que el pasado mes de diciembre, la CIDH notificó al Estado mexicano las sentencias relacionadas con dos casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial perpetrados por militares en tareas de seguridad, sin embargo, dijo, el proyecto que analizan los legisladores no cumple con los criterios que la CIDH mencionó en esa ocasión.
Al referir que desde que se tiene la presencia del Ejército en las calles, la violencia en México se disparó, señaló que el dictamen no brinda garantías que eviten la repetición de violaciones de derechos humanos cometidas por el militares, y además, debilita los esfuerzos para fortalecer las corporaciones policiales.
Jan Jarab precisó que, la Guardia Nacional mantiene una adscripción al ramo de la Defensa Nacional por un plazo máximo de cinco años, lo que trastoca la línea inmediata de autoridad civil al inicio de su gestión, por lo que insistió en que ésta tendría que estar bajo mando civil directo.
Cuestionó la modificación que propone el dictamen al primer párrafo del artículo 21 Constitucional, para establecer que la Guardia Nacional tendrá competencia para investigar delitos, lo cual, dijo, los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo a juzgar, sino también a la investigación de los delitos.
“Se estaría dando una nueva competencia a integrantes de las Fuerzas Armadas para realizar actos de investigación ante cualquier tipo de delito, sin que dichos actos pudieran ser materialmente controlados por la autoridad civil y sin que los integrantes de la armada rindan cuentas ante las autoridades civiles por las conductas desplegadas en la realización de estos actos”, sostuvo.
Por ello, el alto funcionario de la ONU llamó al Congreso de la Unión para que el análisis de este dictamen, lo realicen de manera pausada, reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales de los derechos humanos adoptados por el Estado mexicano.