No a Guardia Nacional ruega madre de víctima de violaciones de militares

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de febrero de 2019.- Once minutos después de que el 26 de abril de 2010 una llamada anónima advirtió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que en un rancho de Nuevo León tenían personas secuestradas, sin estrategia alguna más de 100 elementos militares, tres helicópteros tripulados y sus respectivos mandos superiores llevaron un operativo letal por aire y tierra.

Durante la incursión, los soldados dispararon indiscriminadamente. Una vez finalizado el tiroteo, hallaron a tres hombres civiles desarmados y aterrorizados, protegiéndose de los disparos. Se trataban de personas secuestradas por el crimen organizado.

En un acto sanguinario y con abuso de la fuerza, los militares abrieron fuero ejecutándolos con brutalidad. Una de esas personas era Jorge Antonio Parral Rabadán.

Dejaron su rostro irreconocible, pues le dieron 19 disparos a una distancia entre dos y treinta centímetros, mientras éste se encontraba tirado, intentando cubrirse sólo con sus manos. Siguieron disparando después de morir.

En el lugar, los soldados encontraron un vehículo propiedad de Jorge Antonio, así como la credencial que lo identificaba y acreditaba como empleado de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, así Alicia Rabadán expuso en audiencia pública para analizar la propuesta de reforma en materia de Guardia Nacional las violaciones cometidas por fuerzas castrenses en contra de su hijo, en el marco de la militarización en México.

Acompañada de su esposo Jorge Parral Gutiérrez, la madre criticó que los miliares inventaron, como acostumbran, que repelieron una agresión, alterando la escena del crimen y sembrando armas.

En contubernio con autoridades de Nuevo León la señora Alicia denunció que enviaron el cuerpo de su hijo al Servicio Médico Forense sin ser identificado. Antes de dos meses, fue inhumado en una fosa común, en calidad de desconocido. Ante los medios, el entonces vocero de la Sedena dijo que se trataban de sicarios.

«No volví a ver a mi hijo, ni vivo ni muerto, permaneció en la fosa común durante once meses, en los cuales mi esposo, mi hija y yo lo buscamos incesantemente, aportamos información en más de 100 reuniones ante la PGR, Policía Federal, Marina, Sedena y hasta la Presidencia de la República. Todas ellas inútiles», arremetió.

Fue por sus propios medios que dieron con el paradero de Jorge Antonio Parral. Desde entonces, la familia Parral Rabadán ha enfrentado una indolencia total, pero sobre todo una tenaz y consistente simulación y obstrucción de la justicia por parte del Estado mexicano, por parte de todas las instituciones involucradas.

La señora Alicia denunció que la Sedena intentó silenciarlos ofreciéndoles dinero, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no clasificó este caso como una violación grave a los derechos de su hijo, sino como un homicidio simple.

Además, la PGR, hoy Fiscalía, fraccionando la investigación en 14 averiguaciones previas, todas improductivas, dando acceso al expediente a los culpables y entorpecer parte del proceso, aunado a la omisión de dos consignaciones penales fallidas y mudando dicho caso del estado de Nuevo León a más de 800 kilómetros de distancia del lugar de residencia de los familiares de las víctimas, en Morelos.

A nueve años de la ejecución extrajudicial y lo que considera una desaparición forzada, la madre de Jorge Antonio Parral clamó justicia por el caso de su hijo.

En un grito desesperado, tras estos años de lucha sin respuesta, Alicia Rabadán rogó a los Senadores de la República que, en honor de Jorge Antonio, solicitó impedir la implementación de la Guardia Nacional por el motivo de que la Sedena y la Marina Armada de México no han sido depuradas.