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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo de 2019.- Con un bloqueo parcial a las instalaciones de la Cámara de Diputados que mantiene cerrado los accesos ubicados sobre la calle de Zapata hacia el lado norte del recinto, la mañana de este miércoles por fin dio inicio la reunión de las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales pospuesta desde el pasado jueves, para discutir el proyecto de dictamen sobre la Reforma Educativa.
Minutos después de las 9 horas y con un quorum de 40 diputados, 20 por comisión, de 66 que integran ambas comisiones, la diputada presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, dio inicio a la reunión e instruyó a la lectura del proyecto de dictamen a discutir, el cual reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución en materia de educación.
Durante su lectura, el secretario de la Comisión de Educación, Iván Pérez Negrón destacó elementos importantes como que la rectoría de la educación la tendrá solamente el Estado, “corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”, señala el documento.
Asimismo, el legislador señaló que el dictamen a discusión pone en el centro de la educación a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, donde se garantiza una educación con perspectiva de derechos humanos, igualdad sustantiva, cultura de paz, honestidad, valores y mejora continua.
También se establece la educación inicial de 0 a 3 años; la obligatoriedad de la educación superior por lo que habrá mayor oportunidad de acceso hasta lograr cero rechazo; por primera vez las familias y la comunidad se vuelven corresponsables de la educación; se creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
De igual forma, el documento establece claramente y recupera el texto referente al respeto y promoción de la autonomía universitaria, punto que causó polémica cuando se presentó la propuesta presidencial donde se eliminaba por completo dicho párrafo de la Constitución, lo cual, se argumentó, solo se trató de un error.
Respecto a los derechos laborales del docente, se reconoce al maestro como agente de transformación social; se abroga en su totalidad las leyes del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
También se quitó lo que llaman evaluaciones punitivas, y contrario a ello los docentes tendrán un sistema de formación y actualización gratuita, no habrá ninguna relación entre evaluación y permanencia en el empleo; promoción asociada con conocimientos, aptitudes y experiencia, no exámenes estandarizados.
“Las maestras y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social, tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnosticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional”, señala el documento.
Los legisladores enfatizaron en que se respetan los derechos laborales de los docentes, los cuales, aseguraron, quedan protegidos y se aplican en el artículo 123 constitucional apartado B. Cabe recordar que este punto referente a los derechos laborales del magisterio, puso en jaque al Legislativo y provocó fuertes presiones por parte de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes cerraron en dos ocasiones la Cámara de Diputados impidiendo realizar los trabajos legislativos y la votación de este dictamen.