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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de septiembre de 2019.- Por mayoría, el Pleno del Senado de la República desechó un dictamen que solicitaba poner a consideración, bajo la figura de Parlamento Abierto, el análisis y discusión sobre la viabilidad de reconsiderar el continuar con el proyecto de Santa Lucía o, en su caso, retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en Texcoco, Estado de México.
A propuesta del senador del PAN, Marco Antonio Gama Basarte, el Grupo Parlamentario de Morena frenó la propuesta de un foro organizado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a efecto de escuchar a los expertos, investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, en torno a la viabilidad de continuar con una nueva terminal aérea en Santa Lucía o en Texcoco.
En uso de la tribuna, el panista Julen Rementería se pronunció en contra de archivar el dictamen argumentando que se deben considerar las circunstancias para plantear una discusión en Parlamento Abierto e identificar la viabilidad o no de la construcción del aeropuerto, ya que existe la posibilidad de tomar decisiones erróneas al no valorar el punto de vista de los expertos.
La senadora Xóchitl Gálvez, también del PAN, respaldó el dictamen y manifestó su postura sobre el impacto ambiental que no se realizaron las consideraciones necesarias para el uso correcto de los recursos hídricos y en especial para el acueducto de Tula a Santa Lucía.
Sostuvo que en la zona de Hidalgo existe una severa escasez de agua por lo cual no se puede utilizar para proveer de agua al aeropuerto en Santa Lucía.
Sin embargo, desde su escaño, el morenista Félix Salgado Macedonio refutó a favor de que el presidente de la República sometió a consulta popular la construcción del aeropuerto de Texcoco y refirió que los recursos que se obtengan de la venta del avión presidencial se destinarán a llevar agua a Hidalgo.
Gálvez Ruíz respondió que no está en contra del aeropuerto de Santa Lucía, pero solicita que se consulte a las comunidades indígenas, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano y Equilibrio Ecológico que determina que se debe publicar en la entidad donde se hará un proyecto de impacto ecológico.