Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2020. — En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes, la organización social Reinserta lamentó que a pesar de que México es el primer lugar en pederastia, el 99 por ciento de los casos quedan impunes.
En un boletín emitido este jueves, la asociación apoya la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan artículos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección contra los agresores sexuales, presentada por la senadora Josefina Vázquez Mota.
Por medio de un comunicado, enfatizamos que la violencia sexual es un problema grave que atenta contra el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Este problema subsiste a pesar de estar regulado pues resulta insuficiente para inhibir y combatir las conductas reprochables de carácter sexual, tales como la pederastia.
Es urgente voltear la mirada a nuestros Centros de Reinserción, por eso como Sociedad Civil Organizada, aprobamos que, para casos de agresores sexuales de menores, la iniciativa contemple que “las visitas de convivencia con sus hijas o hijos menores de edad, estén sujetas a la autorización de las autoridades competentes, en razón de las evaluaciones que se realicen al sentenciado de carácter médico, psicológico, psiquiátrico y cualquier otra que se requiera, para determinar el riesgo que representa la convivencia con los menores.”
La OCDE señaló que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. En ese sentido, en la CDMX, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, apuntó que los principales agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes son familiares, seguidos de maestros y sacerdotes. El 30 por ciento de los agresores corresponde a abuelos o padrastros, 13 por ciento a tíos, 11 por ciento a padres biológicos y 10 por ciento primos.
La información que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta es alarmante al decir que “de mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia 100, de esos, sólo 10 van a juicio y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99 por ciento y la cifra negra, aún mayor”.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha registrado que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños han sufrido abuso sexual en el mundo, lo que en México equivaldría a cinco millones de menores y que esta situación se ha visto seriamente agravada a raíz de la pandemia originada por el COVID-19. Especialistas señalan que 1 de cada 5 niños víctimas de abuso sexual se convierten en agresores al crecer; 40% de los agresores fueron violados en su infancia (Cámara de Diputados, 2020).
Por entidad federativa, los estados que presentan los mayores porcentajes de niñas que han sido abusados por sus familiares son: Oaxaca12.2%, Guerrero 13%, Michoacán 13.7% y Chiapas 13.8% de los casos.
El Código Penal Federal en sus artículos 261º y 262º, señala que las penas por abuso sexual a menores alcanzan un máximo de 13 años si no hay violencia, en caso de existir indicios de violencia la pena alcanza un máximo de 20 años en prisión.
Desde Reinserta apoyan que la iniciativa contemple la creación del “Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes”, con el propósito de poder identificar los nombres de los agresores sexuales de menores que han sido sentenciados y condenados, que sirva a las autoridades competentes, judiciales y administrativas, así como a la sociedad en general, para tomar medidas de prevención de riesgos para niñas, niños y adolescentes.
Respaldan un Sistema Nacional de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes como una instancia a nivel nacional que promueva la creación de normas jurídicas homogéneas a favor de las niñas, niños y adolescentes, otorgando el mismo tratamiento a favor de la niñez, como el caso de los delitos sexuales cometidos en contra de los menores.
Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de Reinserta A.C., señaló que “es urgente segregar a pedófilos dentro de los centros de reclusión, creando espacios libres de violencia dentro de las cárceles y aplicando técnicas para atender las necesidades que son completamente diferentes al resto de la población penitenciaria con el objetivo de proteger y no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el Sistema de Justicia Penal de nuestro país”.