Talar a los talamontes/ Salvador Guerrero Chiprés

Ante la evidencia del combate a los talamontes y la voluntad de proteger el suelo de conservación, la comunidad tiene esperanza por terminar con un delito añejo que afecta 16 mil 640 hectáreas anuales de bosques en todo el país.

Esta semana se publicó la reforma al artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México —enviada al Congreso en febrero pasado por Claudia Sheinbaum Pardo— para suprimir el suelo rural, categoría que permitía talar, modificar la tierra para agricultura, desarrollar vivienda y actividades turísticas.

Con este cambio, explicó el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, se garantiza el suelo de conservación, que representan el 60 por ciento del territorio en la capital nacional y es esencial para la retención de agua, producción agropecuaria y generación de oxígeno.

La acción responde a una demanda histórica de comuneros, quienes también se ven favorecidos con estrategias operativas para el combate a los talamontes.

Voluntad y decisión política que ha permitido desde hace cuatro años reducir el número de grupos criminales que resultan beneficiados de esta depredación de los bosques. En el 2019 había al menos 20 que operaban en la clandestinidad, ahora se estima que son menos de cinco.

Los operativos impulsados por diversas autoridades de la CDMX, en coordinación con fuerzas federales y del estado de Morelos, permitieron el cierre de 28 aserraderos clandestinos y 32 madererías que se nutrían de la tala ilegal, en Huitzilac, Morelos.

Hay un avance sustancial en el combate a los talamontes, que es necesario profundizar para evitar su retorno.

Además, como parte del programa «Empleo Verde», Batres Guadarrama ha destacado la colaboración de 920 personas para llevar a cabo acciones de reforestación en los bosques afectados.

La voluntad por erradicar prácticas delictivas que ponen en peligro las regiones naturales y vulneran la integridad de las y los comuneros se verá reforzada con la propuesta de reforma al Código Penal de la CDMX para castigar hasta con 20 años de prisión a quien tale de manera ilegal y a quien comercialice la madera.

Garantizar que el suelo de conservación sea respetado y se destinen recursos para su protección, incrementa la confianza de la comunidad, y demuestra que es posible talar a los talamontes.