Visión Financiera/Georgina Howard

 Investigación en el IMSS

La reciente denuncia contra Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación del IMSS, desató preocupaciones sobre la posible existencia de un esquema de desvío de recursos dentro de la institución. 

Según fuentes, la acusación presentada ante varias instancias gubernamentales, apunta a irregularidades financieras en las que Guerrero García habría inflado costos y desviado fondos a través de empresas factureras, replicando tácticas de dependencias previas. 

Los presuntos actos incluyen la falta de contratos formales en eventos como las Asambleas Generales, donde más de 40 millones de pesos podrían haber sido desviados. La acusación también señala problemas graves de control interno, que habrían permitido que estos supuestos desvíos se repitieran. 

Las asambleas 110 y 111 se mencionan específicamente como eventos donde se habrían ejecutado los movimientos financieros irregulares, lo que refuerza la necesidad de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para aclarar los hechos y establecer responsabilidades.

*** DUBA: clave para movilidad limpia

La disponibilidad del Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) es fundamental para la movilidad sostenible en México, especialmente cuando se busca reducir las emisiones contaminantes en el sector del transporte de carga y pasajeros. 

Este combustible, con 15 partículas de azufre por millón, es compatible con las tecnologías vehiculares avanzadas como los motores Euro VI y EPA 10, diseñados para disminuir el impacto ambiental. 

Sin embargo, aunque el DUBA está presente en el 80% de las principales carreteras del país, su cobertura sigue siendo insuficiente, lo que obstaculiza la plena adopción de estas tecnologías limpias.  

La falta de consistencia en el suministro y la escasa señalización en estaciones de servicio que sí lo ofrecen aumentan la complejidad del acceso para los transportistas. 

Consolidar una distribución continua y de calidad del DUBA es prioritario si México quiere avanzar en su agenda de transporte limpio, por lo que Pemex tendrá la responsabilidad de garantizar que el combustible adecuado llegue de manera eficiente a todo el país.

*** México, el más desigual en su sistema de pensiones

TOME NOTA *** México, el segundo país de la OCDE con mayor desigualdad entre los jubilados, porque no tiene un sistema de pensiones homologado, porque no se piden los mismos requisitos ni se den los mismos beneficios a todos, lo cual genera desigualdades.

México tenía en 2022 un coeficiente de Gini de los ingresos disponibles de 0.433 entre la población de 65 años o más, únicamente superado en la OCDE por Costa Rica, que tenía un coeficiente de Gini de 0.486 en 2023.

El coeficiente de Gini mide la desigualdad de los ingresos en una región y un periodo determinados, en el que 1 significa desigualdad total y que una sola persona concentra todos los ingresos, mientras que 0 significa igualdad total.

En los sistemas pensionarios de Pemex y CFE tienen ahorro paralelo adicional a la cuenta de ahorro para el retiro individualizada que tiene la población general. Hay que homologar los requisitos y beneficios.

Actualmente, hay dos sistemas públicos de pensiones bajo los cuales se puede jubilar el grueso de la población mexicana que labora en la formalidad:

1) El de la Ley del 73, que es un esquema en el que el gobierno otorga pensiones vitalicias con base en el salario promedio que recibió el trabajador en sus últimos cinco años de vida laboral.

2) El de la Ley del 97, en el que cada trabajador tiene una cuenta individual en una Administradora de Fondo para el Retiro (Afore) en la que va ahorrando a lo largo de su vida laboral y, una vez que llega a la edad de 65 años, se le entrega una pensión a partir de los recursos que haya acumulado.

Estos dos esquemas son de pensiones contributivas, es decir, que el trabajador tiene que aportar de su salario a lo largo de su vida laboral y así va ahorrando para cuando se jubile.

Además, están los esquemas especiales para ciertos trabajadores del Estado, como el que tienen las empresas productivas del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), gobiernos locales y universidades públicas.

El pasivo pensionario de Pemex y la CFE asciende a 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por lo que es necesario que se negocien los términos de las pensiones con los trabajadores.