Abuso de autoridad en revisión de menores en fiestas patrias: Redim

MÉXICO, DF., 1 7 de septiembre de 2014.- La revisión de menores por parte de elementos de seguridad para ingresar al zócalo capitalino el pasado 15 de septiembre fue “una grave violación a su intimidad, a su integridad física y una clara expresión de abuso de autoridad”, consideró el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.

En entrevista con Quadratín México, el activista señaló que luego de los hechos y el repudio que se generó en redes sociales “se esperaría que la propia autoridad informe qué pasó, ofrezca las disculpas públicas pertinentes y haga las investigaciones y sanciones que correspondan”, las cuales podrían aplicarse a quien haya dado la orden sin respetar los protocolos o “si quien lo hizo fue un funcionario de alto nivel, también tendría que ser sancionado”.

Añadió que “correspondería, no va a suceder, que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos interviniera porque los hechos corresponden a la autoridad federal, y valdría la pena que la propia autoridad, en un reconocimiento del error, salga adelante con la investigación, la sanción y las garantías de no repetición”.

El activista recordó que los festejos patrios son una verbena y una celebración familiar y que “si por alguna razón consideraban que había un riesgo en términos de seguridad que necesitaba un exceso de revisión de niños y niñas, no tendría por qué haberse autorizado la presencia de familias” en esa zona.

“Si no existía ese riesgo potencial, más desproporcionada aún y fuera de contexto la revisión física. A los niños no se les puede tocar físicamente. Había arcos metálicos, detectores de metal portátiles, se podía haber hecho (la revisión) de muchas otras formas. Eso da cuenta, precisamente, del abuso de autoridad.

Señaló que los padres de familia tienen la posibilidad de proceder legalmente si así lo quisieran pues hubo abuso de autoridad, violación al derecho a la integridad física y a la privacidad de sus hijos.

Para Pérez García, lo sucedido no es un hecho aislado sino que “forma parte de las dificultades del Estado mexicano para reconocer los derechos de la infancia”.