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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de marzo de 2016.- Ante los condicionamientos y reticencias del PRI para integrar la Subcomisión de Examen Previo con miras a dar trámite a más de 300 solicitudes de juicio político, entre ellas, contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el diputado del PRD Rafael Hernández Soriano demandó al tricolor apego a la legalidad y similar diligencia a la que muestra para el desafuero de Lucero Sánchez.
Acusó al PRI de hacer uso faccioso y electorero de ambos procesos. En el caso de la sinaloense actúa con celeridad para quitarle la inmunidad de legisladora a fin de dejarla a disposición de la justicia penal debido al presunto uso de una credencial falsa en una presunta visita al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
Señaló que en cambio, en el caso de Duarte de Ochoa pone cualquier pretexto para que no se integre la Subcomisión de Examen Previo en la Cámara de Diputados a fin de evitar su juicio político por las múltiples y graves irregularidades en su gestión, incluidas violaciones a derechos humanos y malversación de miles de millones de pesos en una entidad donde la pobreza se ha incrementado.
Para Hernández Soriano es claro que el PRI y sus aliados no tienen interés alguno en combatir la corrupción y la sistemática violación de derechos humanos, sino en ganar tiempo y evitar que el desprestigio de Duarte de Ochoa mengüe aún más la de por sí raquítica intensión de voto a su favor en esa entidad, donde se elegirá nuevo gobernador en junio próximo.
El también Secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados recordó que la malversación de fondos y la gravísima violación a las más elementales garantías del ser humano están sobradamente documentadas y comprobadas, por lo que no se explica por qué el PRI insiste en proteger a un gobernante claramente desprestigiado.
“Puede ser porque, como en el caso de Humberto Moreira en Coahuila, esos miles de millones de pesos estarían destinados, todo o en parte, a la compra de votos a favor del PRI, el PVEM y sus aliados en las próximas elecciones de gobernador en varias entidades, incluida Veracruz, y por eso se insiste en proteger a Duarte de Ochoa”, señaló Hernández Soriano.
Conforme a la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, indicó, corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar los procedimientos de juicio político, para lo cual actuará como órgano instructor y de acusación, en tanto a la Cámara de Senadores corresponde ser Jurado de Sentencia.
Para cumplir su función, es decir, sustanciar el procedimiento de juicio político, la Cámara de Diputados debe crear la Subcomisión de Examen Previo con miembros de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia.
Indicó que de acuerdo con el artículo 10 de la citada Ley de Responsabilidades, dichas comisiones, al momento de su instalación, designarán a cinco miembros de cada una para que, junto con sus presidentes y un secretario -también por cada una- instalen dicha Subcomisión.
Destacó que ante el hecho de que hay cerca de 320 solicitudes de juicio político, esta Subcomisión debió integrarse desde el inicio mismo de la actual Legislatura en septiembre pasado, pero el PRI -cuyos diputados presiden las comisiones de Gobernación y Justicia- y sus aliados se han resistido a ello.
Hernández Soriano recordó que la ley, en general, no está sujeta a pretextos o ‘consensos’ como los esgrimidos por el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, a no ser que se esté a favor de la impunidad, como en el caso de Duarte de Ochoa, cuya administración le escamotea a sus gobernados presupuestos para salud, educación, vivienda, agua, drenaje y otros servicios básicos como si tuviera patente de corso, es decir, patente para delinquir, tanto por lo que respecta al desvío mismo de recursos, como por lo que atañe a la presunta compra de votos.