Acusan carencias en investigación de homicidio de Berta Cáceres

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de mayo de 2016.- Integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) manifestaron su preocupación por la falta de cumplimiento con los derechos de las víctimas en relación al asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres y la agresión contra el defensor de DDHH Gustavo Castro.

En conferencia de prensa dada este viernes 13 de mayo en las oficinas de Amnistía Internacional en la Ciudad de México, COPINH y las asociaciones Otros Mundos A.C. y Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, señalaron que se encuentran marginados de las investigaciones “por la ilegal secretividad interpuesta por el Ministerio Público”.

Acusaron que les siguen negando el acceso a la participación activa de las indagaciones.

Se evidencia de manera amplia que no hay exhaustividad en la investigación. No se conocen acciones o diligencias importantes para determinar a la totalidad de los autores intelectuales, ya sean otros miembros del ejército, las responsabilidades institucionales de este cuerpo, ni la de los directivos o grupos económicos que conforman la empresa DESA, refirieron en un comunicado.

Los activistas indicaron que de los requerimientos fiscales presentados no hay claridad acerca de las responsabilidades de los hombres imputados y que existen serias deficiencias de los elementos de prueba presentados.

“Todas las carencias y vacíos que se presentan en las diligencias de la investigación del asesinato y el intento de asesinato no dejan duda para reflejar que se necesita de manera inmediata la participación de un equipo interdisciplinario de expertos, que sean independientes e internacionales, que garantice un proceso transparente y objetivo que agote la autoría intelectual del hecho, evitando que este vil crimen quede en la impunidad”, expresaron.

Aseguraron que al mexicano Gustavo Castro no se le ha informado de los avances en las investigaciones, es por estas razones que él ha decidido incorporarse activamente como acusación privada en el proceso investigativo y judicial.

Demandaron que a partir de todos los indicios presentados por la presunta participación de la empresa DESA en el crimen, ésta se retire de manera inmediata del Río Gualcarque y asuma sus responsabilidades, al igual que lo deben hacer todas las entidades financiadoras involucradas.