Alto a la violencia nacional contra periodistas, exige el CPAC

MÉXICO, DF, 5 de enero de 2015.- El Club de Periodistas de Antequera, A.C. (CPAC) exige justicia en el caso del secuestro del periodista Moisés Sánchez Cereso, ocurrido el pasado 2 de enero en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, y en el del asesinato de la reportera nayarita Jazmín Martínez Sánchez y su esposo Alejandro Ramírez Topete, presuntamente secuestrados y asesinados por una banda de delincuentes de Michoacán, en los límites de Jalisco y Nayarit.

El presidente del Consejo directivo del CPAC, el periodista Ángel Soriano, afirmó que en ambos casos demuestran la inseguridad que prevalece en el país y pidió la vuelta a la normalidad para el ejercicio de las labores cotidianas de los mexicanos, sin importar la actividad a la que se dediquen pues no es pretexto, como lo hace el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, respecto a Sánchez Cereso a quien ubicó como “conductor de taxi y activista vecinal” para justificar su ineficiencia como mandatario al no cumplir con su función de garantizar la tranquilidad en el estado.

Y en el caso de Nayarit, aunque se reporta la detención de dos involucrados en el brutal asesinato de la joven pareja nayarita, tampoco se satisface la exigencia nacional de acabar con la delincuencia común y organizada, pero especialmente la enfocada a atemorizar al gremio periodístico, sean afines o gocen o no de las simpatías del poder público.

En Oaxaca, recordó Soriano, en forma cotidiana los comunicadores son víctimas de agresiones de los manifestantes que de esa manera expresan su inconformidad contra las autoridades, sin reparar en que los periodistas no son responsables de la situación actual.

Demandamos –repetidamente– se legisle para establecer protocolos de seguridad y una legislación adecuada para proteger a los periodistas y a sus familiares en casos de barbarie como los que se observan en el país.

Hasta ahora, concluyó, el Poder Legislativo permanece indiferente a la demanda del gremio periodístico, con lo que revela subordinación como representante de la soberanía estatal.