Análisis a Fondo

Iztapalapa, ¿eslabón de Ayotzinapa?

• ¿Y los 43 por qué no son encontrados?
• ¿Y los veintitantos mil desaparecidos?

Se emocionó el presidente Peña Nieto por la detención de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, noticia conocida más o menos alrededor de las 4 y cuarto horas de este martes, luego de que policías federales los aprehendieron, a las dos y media de la madrugada, en una modesta residencia de la colonia Santa María Aztahuacán en la delegación de Iztapalaba en el Distrito Federal (Ojo, no olvidar Iztapalapa).

¿Pero los Abarca son los únicos que habrá que asegurar, sacarles la sopa del destino de los estudiantes desaparecidos, y mandar a la cárcel? ¿O la cadena de complicidades llega más arriba de la pirámide escalonada por el crimen?

Desde la residencia oficial de Los Pinos, el señor Peña Nieto reconoció a “las instituciones” por la captura, diciendo que confiaba en que la detención contribuyera, «de manera decidida», al esclarecimiento de la represión policiaca a los estudiantes de Ayotzinapa, perpetrada el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuando fueron secuestrados los 43 estudiantes normalistas, cuya desaparición forzada indigna a los sectores progresistas del país y del mundo entero. Y tiene abatidos a sus padres y familiares, sobre todo a estos.

Las autoridades ministeriales aseguran que el ex presidente de ese municipio guerrerense y su esposa son los autores de la represión, del secuestro de los estudiantes y de ser miembros de una banda del llamado crimen organizado y narcotraficantes, cuyo brazo represivo supuestamente es el autodenominado Guerreros Unidos, escisión del cártel de Los Beltrán Leyva.

Aquel 26 de septiembre, los estudiantes habían arribado a la ciudad de Iguala la tarde-noche, para realizar boteos y recolectar fondos para asistir a la ciudad de México el 2 de octubre a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, de acuerdo con la inteligencia del gobierno federal. Ese mismo 26 de septiembre, la mujer de Abarca rendía su informe de labores al frente del DIF municipal de Iguala y realizó una fiesta para celebrarlo. Ante la posibilidad de que los normalistas les echaran a perder el convite, el alcalde ordenó a los policías que atacaran a los estudiantes, según la investigación.

Los agentes municipales de Iguala fueron apoyados por sus compañeros del municipio de Cocula, y juntos atacaron a tiros a los normalistas, dejando un saldo inicial de seis muertos y decenas de heridos. El ataque se extendió a los integrantes de un equipo de futbol, Los Avispones de Chilpancingo, de tercera división, ya que los policías los confundieron con alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa.

Los policías detuvieron ilegalmente a un número indeterminado de normalistas; lo llevaron a sus instalaciones, para luego trasladarlo a los límites de Cocula e Iguala y lo entregaron a un operador de los Guerreros Unidos (escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva), identificado como El Gil.

De acuerdo con la inteligencia oficial, los normalistas habrían sido llevados a distintos puntos y nada se sabe de su paradero, aunque varios de los policías, algunos de los conocidos como halcones (vigilantes del narcotráfico) y otros participantes en la agresión contra los estudiantes, llevaron a las autoridades a descubrir muchas fosas clandestinas en las que se han localizado los restos de unas cuatro decenas cadáveres. Qué nos está pasando. Resulta que el secuestro de los estudiantes descubre que Guerrero es u n escenario de desapariciones forzadas y asesinatos impunes. Y qué pasa en otros estados de la república. Y qué habrá, qué habrá, en las aguas hediondas del drenaje profundo de ciudad de México.

Hay indignación en importantes sectores de la sociedad. Al mediodía del pasado lunes, una caravana de 43 personas, en su mayoría vestidos de blanco, partió de la cabecera municipal de Iguala hacia la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace 40 días. La caravana está compuesta por 43 ciudadanos y miembros de agrupaciones de derechos humanos, en representación de los 43 normalistas desaparecidos.

Pero, no obstante la aprehensión de las piezas quizá más importantes de este macabro juego de ajedrez criminal, entre analistas y observadores ya no hay credibilidad en los responsables de las instituciones gubernamentales.

Detrás de esta desconfianza, hay hechos sangrientos que han quedado en la impunidad. Iguala es la gota que derraba el vaso de la criminalidad “organizada” e “institucional”, como las desapariciones forzadas en muchos otros estados; la matanza de Aguas Blancas, en el mismo Guerrero; las desapariciones forzadas de centenares de luchadores sociales, acusados de subversivos, en esa entidad durante la guerra sucia de los años 70; las grandes matanzas de migrantes perpetradas supuestamente por sicarios del crimen organizado; la tortura aplicada a detenidos, y si nos vamos más atrás en la historia, la matanza de Tlatelolco y la represión del Jueves de Corpus en los jardines de Zacatenco.

Ah, y hay mucho más de 25 mil personas desaparecidas que las autoridades de Gobernación se comprometieron a buscar desde hace más de un año, y nadie ha vuelto a referirse a ello. Es dramática la situación en la que están sobreviviendo los mexicanos. Ni en las dictaduras militares más criminales ha ocurrido lo que está pasando en un país “democrático” del que se enorgullece la clase política.

Es importante la detención de los Abarca, pero puede convertirse en un hecho más de propaganda mediática, como ha sido todo durante los treinta y tantos días de que fueron secuestrados los normalistas.

Y la pregunta fundamental: ¿Saben ya las autoridades que los 43 estudiantes desaparecidos están vivos? ¿Estarán ya negociando con sus captores su liberación? Por qué no los encuentran. Por qué, sí encontraron al ex alcalde en un domicilio perdido en una de las delegaciones políticas más grandes y populosas del Distrito Federal, no pueden dar con el paradero de los secuestrados. Por qué la mayoría de crímenes de lesa humanidad quedan impunes.

Los Abarca, desde que el hombre era presidente municipal, ya tenían fama de estar complicados con el crimen organizado. Había en los archivos de la inteligencia federal una ficha con sus datos. Por qué las autoridades estatales, encabezadas por el ex gobernador Aguirre Rivero, y las autoridades federales no actuaron a tiempo.

Ah. Y hay que considerar que autoridades estatales y federales siempre han operado en contra de estudiantes de las normales rurales, y han tratado de reprimir a su personal académico y a sus estudiantes, desde que tengo memoria, bajo el pretexto de que son agentes subversivos porque en tales escuelas, más que enseñarles a ser maestros rurales, los adoctrinan con el método marxista para subvertir el orden.

Este elemento podría involucrar no sólo a los Abarca. También a otros autores en una cadena de jerarquías. ¿Actuó solo José Luis Abarca? ¿No recibía órdenes de palacio de Gobierno? ¿No era parte de toda una estrategia para reprimir a todas las escuelas normales rurales que operan desde hace muchos años en varios estados de la federación? E Iztapalapa. No olviden que es un bastión.

Y lean: Dicho por un periodista español que se regresa de México a su país por amenazas recibidas.

«No consuela, pero nuestra corrupción es una broma si la comparamos con la que ha convertido a México, no en un Estado fallido sino en un Estado comatoso en el que los tres poderes están tomados, o entregados, al crimen organizado que todo lo puede». Así de grave es la situación, aunque duela.

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