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MÉXICO, DF, 21 de octubre de 2014.- Luego de un largo receso en la Comisión de Gobernación en el Senado, encargada de dictaminar la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, solicitó al Pleno de la Cámara Alta, en nombre del grupo dictaminador la ampliación del plazo para que el grupo de trabajo legislativo conozca y resuelva todas las causas para realizar la declaratoria de anulación de poderes a más tardar el 30 de octubre y no hasta el 4 de noviembre, como lo adelantó el coordinador panista, Jorge Luis Preciado.
Asimismo, pidieron al Senado ampliar las facultades del Grupo Plural conformado en el nicho senatorial el pasado 9 de octubre para que lleve a cabo las actuaciones pertinentes tanto en la Ciudad de México como en Guerrero a fin de cotejar la información documental enviada por los órganos legislativos y judiciales guerrerenses, quienes argumentaron trabajar conforme a derecho; así como para verificar el funcionamiento de los Poderes Públicos de la entidad.
En este marco, la legisladora priista aseguró que los integrantes de la comisión consideran que la realidad política y social que impera en la entidad es inaceptable y evidente la ausencia de las autoridades locales, lo que ha hecho necesaria una intervención de las fuerzas federales.
“Los lamentables acontecimientos de Iguala, así como la incapacidad de las autoridades locales para dar respuesta a la inconformidad social que los hechos han desencadenado son solo una muestra más de la falta de capacidad institucional para conducir de manera adecuada el gobierno de la entidad, reflejado en el agravamiento de las condiciones de seguridad”, subrayó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, en entrevista previa, apuntó que el proyecto propuesto por Acción Nacional debería ser fortalecido por una investigación ampliada con las conclusiones que obtengan los senadores que en una pequeña comisión visiten Guerrero; las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitidas en 2012 y 2013, que fueron notificadas al Senado; las denuncias y quejas ciudadanas que se han presentado en la entidad y las conclusiones de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que indaga en las líneas de investigación sobre desaparición forzada de estudiantes normalistas.
“Con esos cuatro elementos se puede fortalecer la investigación para que el Pleno del Senado pueda establecer una determinación seria sobre la procedencia de la desaparición de poderes, este tema no debe ser un asunto de mayorías y votaciones, ya que son los ciudadanos los que reclaman una solución a los problemas de gobernabilidad en la entidad”, subrayó.