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MÉXICO, DF., 1 de diciembre de 2015.- Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera del Senado se comprometieron a que antes de termine el actual periodo ordinario de sesiones se apruebe la Ley General de Protección de Datos Personales, legislación pendiente de la reforma en materia de Transparencia y Acceso a la Información.
La senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, detalló que como parte del proyecto de dictamen serán incluidas las propuestas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de organizaciones sociales, a fin de establecer los principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades y organismos públicos gubernamentales.
“Llegaremos al 15 de diciembre cumpliendo con la presentación de la iniciativa de archivos de ser posible y sin duda habiendo dictaminado la de datos para que estén en cámara de diputados la ley federal de transparencia, datos a la colegisladora y nosotros empezando a dictaminar archivos para el siguiente periodo”, adelantó la legisladora del PRI.
En el marco de las “Audiencias Públicas de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados”, organizadas por el Senado de la República, Díaz Salazar, detalló que buscará los mecanismo de retroalimentación rápida para que la próxima semana o a más tardar el último día de sesiones se presente el dictamen para su aprobación al Pleno de la Cámara Alta.
Durante su participación los comisionados del INAI presentaron un decálogo para que sea considerado para incorporarse a la legislación que está gestándose en la Cámara Alta y que entre otras cosas, propone fortalecer las atribuciones del órgano garante, en respuesta al aumento de conductas ilícitas en el uso de datos personales.
Por su parte, la comisionada del INAI, Areli Cano destacó que 11 estados cuentan con legislación de protección de datos personales pero con criterios y plazos heterogéneos; en 26 entidades solo lo regulan como límite al derecho de acceso a la información y en Querétaro no se prevé un mecanismo de protección.
“Coincidimos en que la ley general constituirá una norma que atendiendo las bases y principios constitucionales permitirá homologar en todo el país el tratamiento y la protección de datos personales, así como el ejercicio de los derechos arco”, recalcó la funcionaria federal.
En este sentido, Darío Ramírez, director general de la oficina der Artículo 19 para México y Centroamérica, agregó que el actual dictamen dista de ser una ley que regule y proteja el derecho humano de protección de datos personales, el cual está íntimamente ligado al derecho de la privacidad y no figura en los esquemas de protección planteados, requiere vincularse con la ley general de transparencia, datos personales en posesión de particulares y archivos y cuestionó el proceso legislativo.
“La ley debe facultar a los responsables y al INAI para generar criterios de interpretación que le permitan balancear entre el derecho a la privacidad y protección de datos personales con la libertad de expresión y el derecho a la información”, señaló el periodista.
Justine Dupuy, coordinadora del área de Transparencias y Rendición de Cuentas de Fundar, advirtió la falta de definición del término de seguridad nacional aplicado a la protección de datos personales, por lo que acotó, ¡la protección de datos personales puede atentar contra la seguridad nacional, que es un término amplio que puede ser aplicado de manera discriminatorio si no se limita su campo de aplicación”.
En su turno, Lina Ornelas, jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno para México, Centroamérica y El Caribe de Google México, pidió que no exista una sobrerregulación para el sector privado que tenga más exigencias que la que debe tener el Estado, ya que recalcó, las bases de datos que guarda el Estado son las más grandes y delicadas.
“Piensen ustedes en la base de datos del SAT en donde está toda nuestra información patrimonial, la del IMSS o ISSSTE que tienen más de 40 millones de derechohabientes”, mencionó la ejecutiva.
Finalmente, en la audiencia, la senadora panista Laura Rojas propuso conformar un grupo redactor para elaborar el nuevo dictamen de la Ley General de Protección de Datos Personales.