Aprueba Comisión en sesión de 7 minutos Ley para Fiscalía General

MÉXICO, DF, 9 de diciembre de 2014.- La Comisión de Justicia reanudó la sesión para que en menos de un minuto aprobara el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República.

Al regresar de receso, el órgano legislativo presidido por el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, avaló por unanimidad en una sesión de siete minutos la iniciativa que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputado el pasado 23 de septiembre para su análisis y dictaminación, y en atención al mandato de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para agilizar la agenda legislativa del periodo ordinario.

El dictamen que sustenta el proyecto establece la creación de una Fiscalía General de la República para llevar adecuadamente la implementación del sistema de justicia procesal acusatorio, en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos de las personas, particularmente del imputado y de la víctima del delito.

El ente responde a lo planteado por la Reforma Político Electoral, promulgada en febrero de 2014, para transformar a la Procuraduría General de la República, tradicionalmente adscrita a la esfera del Poder Ejecutivo, en una Fiscalía constitucional autónoma.

Lo anterior debido a la desconfianza en la ciudadanía que el Ministerio Público y su titular dependan orgánicamente del presidente de la República y de la percepción de que la procuración de justicia es usada para reprimir a los adversarios políticos y disidentes.

La Fiscalía General de la República se organizará como un órgano institucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, que incluye, entre otros conceptos, los recursos obtenidos por capacitación, adiestramiento y las diversas actividades que redunden en un ingreso propio.

Destaca la función de representante social del Ministerio Público, el cual, además de investigar y perseguir delitos, protegerá los derechos e intereses de personas menores, discapacitados, ausentes, adultos mayores y personas en situación de riesgo o peligro, así como para defender intereses colectivos.