Aspirantes a ministras, preocupadas en justicia igualitaria y DDHH

MÉXICO, DF., 24 de noviembre de 2015.- Las integrantes de la terna conformada para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejará la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, centraron su exposición ante el Pleno del Senado en materia de derechos humanos y la defensa de los grupos vulnerables.

La primera en presentar su exposición frente a los senadores fue Sara Patricia Orea Ochoa, quien precisó que uno de los retos más importantes en materia de impartición de justicia son los derechos de los inculpados y las victimas, quienes aseveró, no son escuchados por el sistema de justicia penal.

“Esa misión que me dio parte de defensa y órgano acusador me permitieron delinear un  equilibrio entre lo que busca la víctima, el beneficio social y un menor costo para el que delinquía,  a través de penas justas y razonables, que les permitan al concluir su internamiento y permita reinsertarse de manera real a la sociedad”, aseveró la magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal Judicial del DF.

Durante su intervención, Orea Ochoa, destacó que la SCJN tiene que judicializar los derechos sociales para un mayor bienestar de la niñez y adolescencia y recalcó que el trato desigual hacia las mujeres sigue siendo un pendiente del Poder Judicial.

“Como juzgador he visto que las mujeres y niñas, adolescentes nos encontramos en muchas ocasiones dándonos un trato desigual, cuántas veces no sabemos de casos de agresiones de orden sexual que no sean atendidas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que trabajar nuevos retos, por la reciente reforma de 2005, con la reforma constitucional de 2008 y la de junio de 2011”, acotó al referirse a la reforma en materia de derechos humanos gestada en el Senado en la LXI Legislatura.

Por su parte, Norma Lucía Piña Hernández, magistrada de Circuito en materia administrativa, reiteró que los juzgadores deben contribuir a garantizar los derechos de las personas y hacer realidad el derecho a la igualdad de género.

“Un Ministro no debe actuar de manera formalista, lo que razonablemente se espera es que no use la ley como escudo sino que sea capaz de innovar el derecho, sin apartarse, desarrollarlo cuando la protección efectiva de los derechos humanos que así lo requieran”, precisó la funcionaria ante el Pleno de la Cámara Alta.

Además coincidió con su antecesora al referirse a la protección de los grupos vulnerables y derechos de niñas, niños y adolescentes, que recalcó, “necesitan la máxima tutela” y subrayó la necesidad de que el sistema de justicia salvaguarde el equilibrio entre órganos del estado ya que acotó, “el ministro debe ser independiente con la capacidad para resistir a la presión externa”.

“Ser Ministro implica analizar la dignidad constitucional, promovidas por los gobernados y que podrían conducir a una declaratoria universal de inconstitucionalidad, garantizando el derecho de las minorías parlamentarias, instituciones que actúan en defensa de los derechos, para hacerse oír y conlleva a resolver controversias para hacer valer y proteger los derechos”, recalcó la magistrada aspirante a la Corte al solicitar el voto del Senado mexicano.

Finalmente, desde tribuna, Verónica Judith Sánchez Valle, en una amplia exposición de la reforma de 2011 que elevó las garantías individuales y tratados internacionales a nivel constitucional, agregó que es responsabilidad de todas las instituciones del Estado mexicano hacer valer los derechos humanos, partiendo de la consideración de cuál de los derechos  en conflicto otorgan una mayor protección a la persona.

“El respeto a los derechos humanos debe ser la base de la sociedad y un eje fundamental para la transformación del estado mexicano”, sentenció al referirse a los jueces, quienes aseveró, deben desempeñarse bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, eficiencia y apegados a los derechos humanos.