Atenderá el Gobierno resolución de la ONU por caso Rosarito

MÉXICO, DF., 10 de octubre de 2015.- Luego de que el Comité contra la Tortura de la ONU, relativa a la responsabilidad del Estado Mexicano por la tortura, detención arbitraria, arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia de la investigación de los delitos en el caso Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez, sucedidos en 2009, el Gobierno anunció que instalará una mesa de trabajo para atender la resolución.

A través de un comunicado, se explica que el Comité de la ONU insta a las autoridades mexicanas a la liberación de los cuatro acusados, quienes actualmente se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social No 4, en Tepic, Nayarit, acusados por secuestro.

En la resolución, se pide iniciar una investigación exhaustiva sobre la tortura a la que fueron sometidos y procesar, juzgar y castigar a los responsables. Conceder a las víctimas una plena reparación del daño, así como su rehabilitación.

Exhorta también a eliminar la figura de arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República informan que se acordó la instalación de una Mesa de Trabajo ad hoc, integrada por los Subsecretarios Roberto Campa Cifrián, Miguel Ruiz Cabañas y el Subprocurador Eber Betanzos Torres, el Director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Jose Guevara así como la abogada Mayra Lopez, representantes de los detenidos y Maria Luisa Bascur, de la Oficina en México, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, detalla el comunicado.

El Estado Mexicano tiene 90 días para enviar información al Comité sobre toda medida adoptada para atender la resolución. Ayer mismo, se inició la colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para atender la situación de cada uno de los internos.

En junio de 2009, los cuatro acusados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el conjunto habitacional Oceana de Playas de Rosarito, Baja California, sin mediar una orden de detención o presentación.

El caso refiere que ahí, los militares los golpearon y torturaron para después trasladarlos a dos casas particulares, a bordo de vehículos no oficiales.