Contexto/ Fernando Ramírez de Aguilar L.

De Aguas Blancas a lguala

Uno de los problemas que enfrenta la administración del presidente Enrique Peña Nieto con el caso de los 43 desaparecidos de la escuela Normal de Ayozinapa es de poder encontrar un equilibrio entre la “verdad histórica” –consistente en la versión fundada de que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados y posteriormente incinerados, de acuerdo a versiones de sicarios y policías procesados—con la evidencia científica, pues los huesos de las víctimas quedaron tan destruidos por el fuego que ha sido una labor titánica poder obtener su ADN.

Y es que la investigación de la PGR por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ha llevado a prisión, según el balance oficial, a 111 exfuncionarios y delincuentes. Sin embargo, salvo el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, no hay hasta ahora ningún funcionario, policía estatal o federal, considerado como prioritario por el gabinete de justicia para el esclarecimiento de los lamentables y sangrientos hechos del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.

Por ejemplo, no ha sido detenido, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, involucrado, irónicamente, tanto en la matanza de Aguas Blancas como ahora con el caso Iguala-Ayotzinapa. En el primer caso, además de ser un cercano colaborador del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer lo sustituyó en el cargo luego de la matanza de campesinos. En el caso de los desaparecidos, simplemente intentó mantenerse en el cargo, con el penoso respaldo del PRD, pero al tornarse la situación tan difícil, pidió licencia definitiva.

Según la llamada “verdad histórica” de la PGR, dada a conocer por Jesús Murillo Karam, el móvil de la agresión a los normalistas fue que se temía que interrumpieran el informe que daba María de los Ángeles Pineda en su calidad de presidenta del DIF. La PGR dijo tener registros de comunicaciones por radio en donde Abarca instruyó a los mandos policiales de Iguala proceder. No obstante, hallazgos recientes han demostrado que la llegada de los normalistas fue posterior al referido evento, lo que ha debilitado el móvil inicial del caso y se ha venido a fortalecer la hipótesis de que había un quinto camión que secuestraron los normalistas que tenía un compartimento especial para transportar droga de Iguala a la ciudad de Chicago. Eso lo informaron en su momento tanto el FBI como el informe de la comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En general, los detenidos pertenecen a tres grupos: policías municipales de Iguala, policías municipales de Cocula –un ayuntamiento colindante– y personas vinculadas con los mencionados grupos delictivos de los “Guerreros Unidos” como de “Los Rojos”. A ellos se suman el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa; así como la joven que presuntamente los encubrió cuando se escondieron en la ciudad de México. En este caso, no hay policías federales ni militares detenidos, ni tampoco agentes estatales.

Ahora que se ha confirmado la detención de Gildardo López Astudillo, el «El Gil», es posible haber encontrado el eslabón perdido en la historia de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pues este sujeto es clave en la cadena criminal y tenía una función en la historia de los 43 de Ayotzinapa. Además de la detención de “El Gil”, y la identificación de otro estudiante, lo cual fortalece que los estudiantes fueron llevados a la muerte. Ahora, lo importante, es lograr que la evidencia científica coincida con la evidencia testimonial y confesional de los autores intelectuales y materiales y que los partidos y el Congreso dejen de hacer cosas que solamente alimentan a la hoguera.

Hay que recordar que la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue fundada en 1926 por los profesores Rodolfo A. Bonilla y Raúl Isidro Burgos, por disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta escuela forma parte del sistema de escuelas normales rurales concebidas como parte de un ambicioso plan de masificación educativa implementado por el Estado mexicano a partir de la década de los 20. Ahora, la SEP tiene que rescatar este tipo de escuelas normales que permitan mejorar la calidad de sus egresados, pues lo que vemos en las tomas televisivas y fotográficas, son a grupos de encapuchados haciendo sus desmanes sin que nadie los frene.