Contexto/ Fernando Ramírez de Aguilar l.

El Estado no responde a familias de desaparecidos

Ha sido totalmente opaca, contradictoria y poco solidaria la postura que han mantenido tanto funcionarios federales como del gobierno de Morelos con los familiares de desaparecidos en Morelos y Guerrero.

Un ejemplo de lo anterior, fueron las prácticas irregularidades en el panteón de Tetelcingo, en la localidad de Las Cruces, en el municipio de Cuautla, luego de que el año pasado, un juez federal le ordenó a la Procuraduría estatal que exhumara un cuerpo y lo entregara a sus familiares.

Fue entonces que las autoridades del gobierno de Morelos se dieron cuenta de que tuvieron que excavar entre varios cuerpos dentro de bolsas de plástico que no contaban con ningún tipo de documentación o identificación que los conectara con los archivos de los casos de homicidio y desaparición, para encontrar al que buscaban. Y lo encontraron.

Ahora, ante la presión social, las exhumaciones comenzaron en la localidad de Las Cruces. Se informó que se tomarán muestras genéticas a los cuerpos para intentar identificarlos, para luego ser enterrados en tumbas marcadas. Varios uniformados trabajaron bajo carpas amarillas ante las miradas de los familiares de personas desaparecidas, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muchos corresponsales nacionales y extranjeros.

Con una ceremonia religiosa encabezada por el párroco de Cuautla, Héctor Pérez, organizaciones civiles y funcionarios de la Universidad Autónomo del Estado de Morelos (UAEM), encabezados por el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez y del académico Javier Sicilia, en coordinación con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGEM), de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), iniciaron el levantamiento de tierra en esta zona.

De acuerdo con el protocolo, la exhumación de los restos será el primer paso, después se revisarán sus fichas de identificación y por último se mostrarán muestras genéticas de las víctimas. Según la FGEM se encuentran 116 cadáveres en la fosa, sin embargo, familiares de las víctimas aseguraron que son 148, por lo que al momento de recuperar los cuerpos se esclarecerá la cifra real.

El fiscal estatal de Morelos, Javier Pérez Durón, dijo que ya se realiza la investigación sobre cómo fueron enterrados los restos sin identificar y que las autoridades irán tras los responsables:

«Es de suma importancia y de suma responsabilidad contar los cuerpos, darles una dignificación en la sepultura, hacer la toma de muestras, que es lo más importante, para ver si un familiar aquí presente o en otro estado o más allá de estas fronteras esté buscando a un familiar y que pueda estar aquí», dijo el funcionario quien reconoció que se fincarán responsabilidades a funcionarios, peritos, fiscales y policías que no guardaron ningún tipo de protocolo en el depósito de cadáveres en esta fosa común o clandestina, pues aunque las autoridades insisten en que contaban con los permisos, los lugareños sostienen que es clandestina.

Hay que recordar que no sólo Morelos, sino también estados vecinos como Guerrero y México, ha sufrido durante años de la violencia del narcotráfico y las desapariciones, lo que da esperanza a familiares para que finalmente puedan encontrar a sus seres queridos. Pero fosas clandestinas múltiples han sido descubiertas en los estados de Tamaulipas, Durango, Veracruz y en Oaxaca, sin que se sepa hasta ahora cuántos fueron identificados y cuántos no, cuántos eran migrantes centroamericanos y de qué países, etc.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que su personal sólo participará en el estado de Morelos en calidad de observador, durante la diligencia de exhumación y posterior reinhumación de los cuerpos encontrados en Tetelcingo, Morelos. En un comunicado de siete puntos específicos, la CNDH señaló que, si bien ejerció facultad de atracción de este caso desde el 24 de noviembre de 2015, «por ser un asunto que trasciende el interés público», la diligencia «corre a cargo y es responsabilidad de la Fiscalía General de Morelos».

La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, provocó que organismos internacionales y nacionales defensores de derechos humanos demandaran al gobierno Federal información sobre otros casos de desaparecidos, pues de acuerdo al último recuento oficial, de los 22 mil 322 que tiene reportados la Secretaría de Gobernación, 12 mil 532 corresponden al sexenio pasado y nueve mil 790 a la actual administración.

No obstante que el país cuenta con una Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de que el gobierno federal reconoce que hay un recuento oficial de desaparecidos, organismos internacionales y nacionales defensores de derechos humanos consideran que dichas cifras son confusas e incompletas, y que no se ha dado explicación porque se redujeron 8 mil casos reportados desde el sexenio pasado.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió a fines de agosto pasado al gobierno federal que elabore una «ley general e integral» en materia de desaparición de personas, ya que el país enfrenta una «situación crítica» sobre este tema.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo que “ante los legítimos reclamos de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia”, pidió que se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien en su informe más reciente exigió a México políticas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas.

La ONU recordó también que México no sólo cuenta con los desaparecidos de los últimos años, sino también con personas que desaparecieron de manera forzosa en las décadas de los 60, 70 y 80 y cuyo paradero todavía se desconoce.

Según el último recuento oficial, poco más de 22 mil 322 personas están sin localizar, 12 mil 532 correspondientes al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa –(2006-2012– y 9 mil 790 son de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

Activistas consultados coincidieron en que el gobierno federal debe actuar con mayor transparencia en el tema de los desaparecidos e incluso lo llamaron a hacer pública su lista de casos, protegiendo desde luego los datos personales de los familiares.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada –que se conmemoró el pasado 29 de agosto–, Amnistía Internacional (AI), señaló que el gobierno federal, “lejos de demostrar que está atendiendo los reclamos de los familiares de personas desaparecidas, ha dejado que prevalezca la confusión sobre temas tan sensibles como la cantidad de víctimas de este crimen de lesa humanidad y lamentó que la PGR haya dado a conocer el pasado 21 de agosto que el número de personas “no localizadas” es de 22 mil 322, pero sin explicar cómo llegó a dicha conclusión.