Convoca Senado a perfeccionar Iniciativa Preferente

MÉXICO DF, 4 de septiembre de 2014.- Con el objetivo de abordar propuestas de todos los sectores sociales para complementar la Iniciativa Preferente para crear la Ley de Protección de niñas, niños y adolescentes, enviada por el Ejecutivo Federal, del 9 al 11 de septiembre, las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos, Educación, Igualdad de Género y Estudios Legislativos Segunda, citarán a audiencias públicas a miembros de la Administración Pública Federal, organismos Internacionales, representantes de la sociedad civil, académicos, especialistas y autoridades especializadas.

En cada una de ellas los invitados e invitadas podrán expresar las opiniones y propuestas que consideren pueden enriquecer y fortalecer el dictamen y una vez concluida esta etapa, las Comisiones Unidas darán paso al proceso de revisión y sistematización para la elaboración de la propuesta final que será votada, explicó la senadora panista, Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

“A este proceso de Audiencias Públicas invitaremos, de manera permanente a las comisiones homólogas de la Cámara de Diputados, así como al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para que den acompañamiento en este proceso”, precisó la legisladora.

Por su parte, la senadora priísta, Diva Aldamira Gastélum, presidenta de la Comisión de, resaltó que el tema de adopción internacional, será uno de los temas que se abordarán insisivamente, ya que se trata de uno de los asuntos con más lastre en la historia de este país.

“Hay todo un andamiaje que no ha servido para mucho, ni para adopción de los y las mexicanas internamente; menos de manera internacional”, expresó la legisladora sinaloense.

Finalmente, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, resaltó que entre los puntos que se agregarán desde el grupo de trabajo que dirige serán la transformación de la ley de un esquema de protección a uno de garantía de derechos de los niños, así como incorporar un diseño institucional, que trascienda a los 2 mil 450 municipios, 32 entidades federativas y el Gobierno Federal.