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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2016.- De 2000 a 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió seis mil 362 quejas por violación a la protección de la salud de internos en Centros Penitenciarios del país, de las cuales determinó dos mil 793 violaciones a este derecho.
A fin de orientar las políticas públicas que garanticen el respeto por los derechos humanos de las personas que se encuentran en los centros de reclusión, el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez remitió un pronunciamiento a la Cámara de Diputados, donde afirma que el acceso a estos servicios se ha caracterizado por sus deficiencias.
Con la facultad para impulsar acciones encaminadas a reforzar la protección y observancia plena de los derechos humanos, el organismo precisó que se concluyeron dos mil 552 quejas a diciembre de 2015, encontrándose en trámite 241, lo que implica que casi el 50 por ciento de las denuncias que ingresaron son sobre la falta de atención para la salud de los internos en las penitenciarias.
Al emitir su recomendación, diagnóstico y opinión, el Ombudsman nacional precisó que de las quejas recibidas en el Programa del Sistema Penitenciario desde el 2005, se han llevado a cabo 554 conciliaciones, de la cuales, 223 se refieren al rubro de protección a la salud de los reclusos.
El documento señala que del análisis de Recomendaciones emitidas en materia penitenciaria de 1991 a 2015, existen 137 casos de violaciones específicas al derecho a la protección a la salud en los centros penitenciarios.
En general, puntualizó, se ha recomendado en general adecuar las instalaciones médicas, asignar médicos generales y especializados, enfermeras y personal necesario para la debida atención, así como surtir medicamentos y material de curación suficiente.
Indicó que se ha insistido en brindar la atención médica en forma regular e ininterrumpida, ofrecer atención psiquiátrica y odontológica, y que en los centros de mujeres se cuente con atención ginecológica para ellas y pediátrica para sus hijos, en el caso que vivan en los centros.
En las deficiencias recurrentes en los centros, la CNDH destacó carencias en la atención psicológica, falta de personal, material de curación, medicamentos; en general, todos aquellos elementos para poder brindar el servicio necesario para salvaguardar la salud de los internos.
En su pronunciamiento, el Organismo Protector concluyó que los responsables del sistema penitenciario y de la atención a la salud deben atender dicha situación, para que al total de esta población y los hijos de las internas gocen de este derecho.
“El Gobierno de la República está obligado a cumplir con los compromisos contraídos en materia de salud tanto en la normatividad interna como en el derecho internacional de los derechos humanos”; reza el informe.
La CNDH recomendó desarrollar mecanismos necesarios con hospitales públicos y privados de tercer nivel para que se utilice el sistema de “consulta remota” por medio de la aplicación de tecnologías de la información.
Requirió fortalecer la aplicación de un sistema permanente de vigilancia epidemiológica y de información continua; establecer mecanismos para que en casos de necesidad de atención médica inmediata y urgente, se traslade a los internos a hospitales de acuerdo a su condición de salud y se brinde la debida atención.