Deforesta tala ilegal 700 mil hectáreas de bosque y selva al año

MÉXICO, DF, 23 de diciembre de 2014.- En México, cada año son deforestadas alrededor de 700 mil hectáreas de bosques y selvas a causa de la tala ilegal, de acuerdo con datos de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Dicha práctica ilícita no sólo fomenta el comercio ilegal y la competencia desleal, sino también daña las condiciones del suelo, medio ambiente y el hábitat de miles de especies de animales.

De lo anterior, la diputada del PVEM Lourdes Adriana López Moreno, afirmó que se requiere adicionar el artículo 419 Bis y reformar el 423 del Código Penal Federal, y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de imponer una pena de uno a nueve años de prisión y el equivalente de 100 a tres mil días multa, a quien fuera de los terrenos forestales utilice o realice cualquier operación o actividad con recursos forestales maderables de procedencia ilícita en volúmenes superiores a veinte metros cúbicos.

Si bien los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal establecen medidas enfocadas al combate de la tala ilegal, fundamentalmente en aquellos casos de grupos delictivos organizados que buscan obtener ganancias económicas a partir del aprovechamiento ilícito de los recursos forestales.

Sin embargo, la demanda de productos ilícitos ha quedado impune en los que adquieren materia prima de los bosques, a sabiendas de que provienen de actividades ilegales.

La también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que el Gobierno federal ha implementado acciones para atacar esta forma de delincuencia en las zonas de derribo de arbolado, los centros de almacenamiento y de transformación de la madera, así como para desincentivar su transporte ilegal.

“Resulta necesario y urgente inducir al sistema penal hacia la ‘responsabilización’ de aquellos intermediarios que generan la demanda masiva de recursos forestales obtenidos ilegalmente”, manifestó la legisladora del Verde.

En caso de que el ilícito se cometa bajo el amparo o en beneficio de una persona moral, la pena privativa de la libertad se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa.

De igual manera, se establece que las sanciones aumentarán en tres años más de prisión y mil días multas adicionales, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida.

La reforma sancionaría con mayor severidad a aquél que adquiere madera de procedencia ilegal o de un área natural protegida, beneficiando con ello el patrimonio de la persona moral, al obtener materias primas a un precio menor que los provenientes de aprovechamientos legales.