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MÉXICO, DF., 15 de enero de 2016.- La detención en España de Humberto Moreira por lavado de dinero da esperanza de que se haga justicia los coahuilenses, quienes por dos generaciones quedaron endeudados por quien fuera el gobernador de Coahuila entre 2005 y 2011.
Así lo afirma en entrevista con Quadratín México el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Fernando Salazar, quien creó el movimiento social “Que pague Moreira” en 2011, año en que fue denunciada la megadeuda de 36 mil millones de pesos que dejó el ex mandatario estatal.
“Es un logro que da esperanza, que le da sentido a una lucha que es de muchos años y por fin algo empieza a cuadrar, a tener sentido, hay alguien que hace justicia de manera indirecta a los coahuilenses y nos da pie para pintar al grupo que gobierna, al moreirato”, dice el legislador, en alusión a que el actual mandatario coahuilense es Rubén Moreira, hermano del ahora detenido.
El panista recuerda que el mayor monto de la deuda, el llamado “moreirazo” de 33 mil millones de pesos fue aprobado en una sesión del Congreso local que apenas duró tres horas.
Señala que a pesar de las secuelas de la deuda, traducida en mayores impuestos para los coahuilenses y bajos niveles de inversión, la actual administración no investigó a Moreira.
“El moreirazo ha dejado a dos generaciones endeudadas, no ha habido justicia de parte de la autoridad estatal y ésta ha hecho un esfuerzo por encubrir; son los mismos personajes que actúan en un gobierno y otros los secretarios y alcaldes que estuvieron en el periodo de Humberto, ellos son los mismos que están con Rubén, con acomodos y combinaciones pero es la misma alineación pero sin avances [en la investigación]”, refiere Salazar.
El legislador recuerda que como senador de Coahuila fue a Texas, Estados Unidos en abril del 2013 a reclamar el dinero incautado al ex tesorero de Moreira, Javier Villarreal, una suma de 70 millones de dólares y por la que fue detenido.
Pero aunque el ex funcionario de Moreira reconoció que el dinero era producto de fraude y robo, las autoridades mexicanas no han colaborado para que el dinero sea devuelto a los coahuilenses.
Reprocha que ni la procuraduría estatal, ni la General de la República [PGR], incluso ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hayan atraído el caso, pese a denuncias presentadas y a evidencias del desfalco.
“Hasta iniciativas presentamos para que no vuelva a ocurrir y finalmente se abre una línea de investigaciones y es esperanzador que a alguien sí le importe”, concluye.