Cerramos la etapa del institucionalismo neoliberal, considera Monreal
MÉXICO DF, 5 de enero de 2015.- La Secretaría de la Función Pública se encuentra en extinción mientras el país se está cansado de la corrupción y la impunidad, así lo aseveró la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, quien urgió materializar una iniciativa ciudadana que propone la creación de un tribunal de cuentas, una Fiscalía Anticorrupción autónoma, así como la reforma a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación.
“La Auditoría Superior de la Federación debe tener la facultad de poder auditar en tiempo real para poder prevenir y evitar el robo del erario o cualquier desvió presupuestal; debe investigar todo acto de corrupción y castigar severamente a los servidores públicos responsables; las sanciones deben ser administrativas si se tratan de daños menores, pero penales si se tratan de daños graves”, manifestó la legisladora a través de un posicionamiento.
De acuerdo con la senadora, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se cometen 12 millones de delitos cada año y el 85 por ciento de ellos no se denuncia; sólo 120 mil terminan en sentencia y únicamente el 1 por ciento se castiga, por lo que se requiere fortalecer el concepto de los órganos de fiscalización.
“Debe poder auditar e investigar cada peso público este en los tres niveles de gobierno o en los tres Poderes de la Unión y en los órganos autónomos”, acentúo Padierna Luna.
En este contexto, agregó que la Secretaría de la Función Pública debería de ser responsable del control interno y de las áreas ejecutoras del gasto, es decir, las que ejercen presupuesto público; debe prevenir, corregir, auditar, investigar y sancionar los actos de corrupción de los servidores públicos.
“Se requiere tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad; sancionar todos los delitos cometidos, no sólo el 1 por ciento; acabar con el dispendio, el despilfarro y el gasto suntuario que se da en todas las dependencias públicas y poderes”, acotó.
Además llamó a castigar el cobro que hacen los legisladores por autorizar el Presupuesto federal; vigilar los gastos de la Cámara de Diputados y Senadores donde no hay rendición de cuentas, fiscalizar profundamente a los gobernadores que se gastan el presupuesto del erario como si fuera suyo y no del pueblo de México, así como eliminar las adquisiciones directas que son una fuente de corrupción muy grande.
A dichas demandas sumó el requerimiento de hacer públicas las declaraciones patrimoniales; reincorporar los subejercicios a la Tesorería de la Federación; fiscalizar los fideicomisos que se encuentran en la Banca de Desarrollo en estado de opacidad; chequera transparente y pública de los partidos políticos y eliminar la canalización de recursos públicos de parte del gobierno a los sindicatos.