Entregan pliego petitorio padres de normalistas a Peña; exigen 8 puntos

MÉXICO, DF., 24 de septiembre de 2015.- Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, presentaron un pliego petitorio de ocho puntos al presidente Enrique Peña Nieto donde exponen sus exigencias sobre este caso.

El documento exige que el presidente dé el reconocimiento de la legitimidad de su búsqueda de justicia y la ratificación pública de que el caso se encuentra abierto; la permanencia del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), la aceptación plena (no sólo el análisis) del informe de este grupo y sus recomendaciones, y que el mandato del GIEI se prorrogue un año.

“El tiempo suficiente para que los expertos verifiquen la implementación de sus recomendaciones”, exigen.

Una de las ocho exigencias esenciales sostenidas por los familiares es el replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están los estudiantes y otra que investigue el montaje con el que se pretendió engañar a las familias.

Así como la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las investigaciones para el público en general.

Además de abrir la investigación a funcionarios y ex servidores públicos como Jesús Murillo Karam, Ángel Aguirre, Iñaki Blanco y Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Pliego petitorio:

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO.

P R E S E N T E.-

Hoy, a casi un año de los atroces hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, en contra de nuestros hijos y de nuestros compañeros, venimos ante Usted a exigir justicia y verdad a una sola voz.

Ha sido un año lleno de sufrimiento y de angustia por no saber de nuestros hijos. Un año en el que ha privado la simulación y el engaño. También ha sido un año en el que nuestra digna exigencia de justicia ha movido a todo Guerrero, a todo el país y a la comunidad internacional más allá de las fronteras.

No hay palabras que nombren lo que hemos vivido. De la incredulidad pasamos al desconcierto; del desconcierto a la tristeza; de la tristeza a la zozobra; de la zozobra a la rabia. Nuestras vidas han sido destruidas y sólo nos mantiene de pie el amor por nuestros hijos.

Porque fueron agentes y autoridades del Estado, Presidente. Fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, el que permitió que la narcopolítica se afincara en Guerrero, el que generó una mentira histórica que hoy ha sido evidenciada, el que nos torturó al privilegiar los tiempos políticos antes que los derechos de las víctimas.

Aún recordamos su indiferencia durante las primeras semanas de nuestra tragedia. Ignoramos si lo asesoran mal o si su gobierno fue omiso por razones partidistas, pero lo real es que esa negligencia marca de manera indeleble la investigación y compromete la responsabilidad de su Gobierno.

La primera vez que venimos ante Usted, con la desaparición a cuestas tras más de un mes sin saber de nuestros hijos, firmamos con el Presidente de la República 10 compromisos que no fueron cumplidos cabalmente. Su palabra no fue honrada.

En vez de que se haya procurado la justicia y la verdad, se procuró la mentira. Hoy lo sabemos porque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) puso en evidencia que lo que su gobierno sostuvo como la verdad histórica no era más que un engaño construido sobre pruebas hechas a modo y sin independencia.

Por eso, venimos ante Usted a exigir que sean cumplidas las principales recomendaciones del Grupo de Expertos Independientes: debe darse un replanteamiento general de la investigación y deben mantenerse los procesos de búsqueda. Para que esto ocurra, necesitamos dos garantías: Primero, Usted como máximo jefe del Estado mexicano debe comprometerse a estar de lado de la verdad y no de la mentira; segundo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes debe continuar su labor hasta que haya justicia y verdad. Estas dos garantías son la base para que sean atendidas nuestras exigencias, que son las siguientes:

1. Reconocimiento de la legitimidad de nuestra búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra abierto. Demandamos que como jefe del Ejecutivo reconozca que nuestra lucha es legítima y exprese públicamente, de manera clara, que la investigación está abierta. Ya no queremos escucharlo decir que debemos superar este dolor y seguir adelante, como si la verdad hubiese sido esclarecida, cuando se nos pretende engañar con mentiras y falsedades; ya no queremos que sus funcionarios se expresen negativamente de nuestro movimiento y cuestionen dolosamente nuestras intenciones.
2. Permanencia del GIEI, aceptación plena del informe del GIEI y sus recomendaciones. Exigimos que públicamente se comprometa a cumplir el Informe del GIEI. Demandamos que se acate, no que se analice. No es posible que algunos de sus funcionarios digan que revisarán el informe y otros salgan públicamente a descalificarlo. Para ello, exigimos que así se señale públicamente, que el Gobierno Federal publique en el Diario Oficial de la Federación el resumen ejecutivo del Informe, y que se haga una nueva edición con amplia distribución en todo el país de dicho reporte. Además, demandamos que al cumplirse un año del mandato del GIEI reciba de ellos mismos y con nuestra participación, el informe a un año de sus labores, con base al cual se evaluará su permanencia para continuar monitoreando la implementación de todas sus recomendaciones.

Sabemos que su gobierno ha propuesto que el GIEI continúe durante 6 meses más. Nosotros demandamos que su mandato se prorrogue durante un año más, pues consideramos que sería el tiempo suficiente para que los expertos verifiquen la reestructuración de la investigación, la implementación de una estrategia de búsqueda profesional de nuestros hijos, pero además la implementación de una política pública integral que evite que estos hechos se vuelvan a repetir. Es momento Presidente de comprometerse a que este país cambie y se asegure la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

3. Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar. Al saber que la Procuraduría quiso engañarnos, una y otra vez nos preguntamos cómo podríamos volver a confiar en una institución que se burló de nosotros. Lo cierto es que no podemos volver a confiar. Pero si fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, no podemos dejar de exigir al Estado que los busque. Sabemos que formalmente la investigación debe continuar, pero para revertir el daño hecho exigimos que la indagatoria:

a) Salga de la SEIDO y sea ubicada directamente en la Oficina de la Procuradora;

b) Sea conducida por un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos;

c) Se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos y la coadyuvancia;

d) Pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense;

e) Presente periódicamente los avances de la investigación;

f) Cuente con los recursos y facultades para incentivar la cooperación de testigos e informantes, previo visto bueno del Grupo de Expertos;

g) Haga suyo el peritaje generado por el Grupo de Expertos respecto del supuesto fuego de Cocula;

h) Agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero; y

j) Parta de la base fáctica de hechos comprobados por el GIEI.

Sin esas condiciones, es imposible cumplir con el replanteamiento recomendado por los expertos.

Por otro lado, la unidad especial de investigación que demandamos deberá también investigar a quienes por acciones u omisiones pueden tener responsabilidad en la obstrucción de la justicia fabricando versiones carentes de prueba. En particular, exigimos que se investigue la responsabilidad del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; del ex procurador de Guerrero, Iñaky Blanco; del ex procurador, Jesús Murillo Karam; del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; y de la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría.

4. Relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología. A lo largo de todo este año hemos sufrido la falta de coordinación de su gobierno en lo concerniente a la búsqueda de nuestros hijos. Sin inteligencia y sin articulación, cada dependencia o fuerza policial realizó supuestas acciones de búsqueda sin profesionalismo. Hoy exigimos que, bajo la conducción de la unidad especial de investigación, se reconcentren los trabajos de búsqueda para que estos se conduzcan con base en análisis de inteligencia, con uso de toda la tecnología disponible. En particular, exigimos que se instale una mesa para la planeación de operativos regionales de búsqueda y que se use a la brevedad la tecnología recomendada por el Grupo de Expertos desde su primer informe, incluyendo lo relacionado con la telefonía, la georreferenciación de los puntos de búsqueda y el empleo de la técnica LIDAR para el uso de georradares aéreos. Para ello se requiere que Usted desde la Presidencia impulse estas medidas.
5. Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de nuestros compañeros ejecutados extrajudicialmente. Trato digno a las víctimas. A un año de los hechos, siguen habiendo fallas en la atención de los heridos y de las familias de los fallecidos. Segundas opiniones internacionales que no se realizan; operaciones que se posponen; derechos que se niegan. Las instancias de atención de víctimas actúan descoordinadas y se guían por criterios burocráticos. Por otro lado, en todo momento se privilegia lo mediático y lo político cuando hay un anuncio relevante en la investigación, por encima de nuestros derechos, sin ningún respeto por el dolor que sentimos y sin ninguna humanidad. Ya no toleraremos más tratos indignos.
6. Respeto a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas. A lo largo de todo este año, hemos visto cómo su Gobierno pone más recursos y destina más personal en contener y reprimir las legítimas actividades de la Normal que en buscar a nuestros desaparecidos. Mientras que a los estudiantes se les vigile y se les monitorea, como ocurrió con nuestros muchachos por medio del C4, a los delincuentes que operan y que gobiernan en Guerrero se les permite actuar en la impunidad. Mientras que se protege a los narcotraficantes, se confunde permanentemente a la opinión pública a través de la estigmatización dolosa de la Normal. Demandamos respeto a la dignidad de nuestros hijos, de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de todos los normalistas de México.
7. Mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a nuestros derechos. Durante un año hemos tenido que enfrentar noticias muy duras en soledad, sin poder comunicarnos con nuestras familias, sin conocer la información de primera mano, todo porque su gobierno ha priorizado sus tiempos y estrategias políticas, por encima del dolor de las familias y sus derechos como víctimas. Hace solo un par de semanas confirmamos su desdén por nuestro dolor, por lo que puedan sentir nuestras familias en casa, cuando volvieron a mentirnos a nosotros y a la sociedad mexicana tergiversando verdades. No podemos permitir que sigan causándonos más dolor, por lo que es necesario que se establezca un mecanismo claro y respetuoso de información relativa a la investigación y búsqueda de nuestros hijos en el que se garantice el respeto a nuestros derechos como víctimas y a nuestra privacidad.
8. Reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México. A lo largo de este año, hemos aprendido que nuestros 43 hijos no son los únicos desaparecidos, nuestro dolor es tan generalizado como las desapariciones. Decenas de miles de familias buscan a sus seres queridos mientras nuestro país se convierte en una inmensa fosa clandestina. Usted debe hacer algo por los desaparecidos o, de lo contrario, el clamor de las familias que buscamos a quienes nos faltan lo seguirá a donde vaya y en donde esté, incluso después de que termine su mandato. Para responder a esta grave crisis que vive el país, el primer paso es escucharnos, escuchar a quienes sabemos lo que es buscar a nuestros desaparecidos, escuchar a quienes enfrentamos la indiferencia de las instituciones día a día. Las políticas y leyes para enfrentar esta situación deben ajustarse a las exigencias de quienes enfrentamos esta vivencia atroz; como lo han dicho las familias que comparten nuestra rabia y nuestro dolor en el marco de la discusión de la Ley General de Desaparición Forzada: ¡Sin las familias NO!

Por otro lado, la crisis que vive nuestro país es de tal magnitud que se requieren acciones de fondo. El GIEI es un paso en la dirección correcta; es necesario profundizar ese camino. Por eso, en el marco de su visita a las Naciones Unidas a partir de este domingo 27 de septiembre, en donde incluso se reunirá con el Secretario General Ban Ki-moon, demandamos que requiera formalmente y por la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad.

Usted mismo señor presidente en su discurso del 21 de agosto del presente año en el marco de la 38va sesión del Consejo Nacional de Seguridad advirtió: “los mexicanos hemos ido perdiendo algo fundamental para crecer como sociedad y como país: la confianza. La confianza en el gobierno federal, en los gobiernos locales, en el Congreso federal y en las Legislaturas de los estados, en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial de las distintas entidades”. Es momento de comprometerse con su país entero y efectuar cambios de gran calado.

Nuestros hermanos guatemaltecos, ante una situación similar, decidieron profundizar la cooperación internacional para fortalecer el Estado de Derecho mediante un esquema similar, a partir de la llamada CICIG, han construido la justicia que hoy no tenemos en México. Como muestra el caso de nuestros hijos, los pactos de impunidad que subsisten en México son tan fuertes, que solo mediante una iniciativa de esta magnitud podrán ser revertidos. Para dar forma a esta iniciativa, se precisa una consulta amplia entre las víctimas, la sociedad civil, la academia y las instituciones estatales.

En esta tónica, dado que será orador en la Asamblea General la Organización de las Naciones Unidas, le pedimos que en el discurso que dará en esa ocasión reconozca la legitimidad de nuestra lucha, la convicción del Estado mexicano para acatar el Informe presentado por el GIEI y su disposición para profundizar la cooperación internacional en el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Presidente: No confiamos en sus instituciones y en su gobierno, que dolosamente buscaron engañarnos, pero el anhelo de abrazar nuevamente a nuestros hijos hoy nos hace estar aquí para exigirle una vez más que los encuentre, que los encuentre ya.

Mientras que no conozcamos con pruebas irrefutables el paradero de nuestros hijos; mientras las víctimas no seamos tratadas con dignidad; mientras los asesinos no sean detenidos y castigados; mientras los narcopolíticos sigan gobernando; mientras no haya verdad, nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración y a su nombre se asociará el de Ayotzinapa como símbolo de la impunidad y la corrupción que reina en el país. Mientras no sepamos dónde están nuestros hijos, nuestro grito seguirá resonando en todo el país:

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LOS 43 NORMALISTAS

FAMILIARES DE LOS NORMALISTAS HERIDOS

FAMILIARES DE LOS NORMALISTAS EJECUTADOS EXTRAJUDICIALMENTE

COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA.