Expropiación de tierras, cara oculta de la reforma energética (II)

MÉXICO, DF, 12 de junio de 2014.- Las modificaciones a Ley de Hidrocarburos que se discuten en el Congreso de la Unión podrían ser doblemente perjudicial para el país debido al devastador impacto ambiental y social que tiene la explotación del gas de esquisto, con que el gobierno mexicano pretende revertir la declinante producción nacional de energía fósil, advierten especialistas.

Esto se debe a que la extracción del gas de esquisto se realiza a través de un proceso de fracturación hidráulica –“fracking” como se le denomina en inglés-, el cual utiliza varios millones de litros de agua a presión junto con un coctel químico altamente contaminante para fracturar las rocas impermeables de las cuales se extrae el gas.

Dicha técnica requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua por cada pozo para poder operar, así como la inyección de 300 mil litros de químicos cuya composición es desconocida al tratarse de una mezcla protegida por el secreto industrial.

De ahí que algunas organizaciones civiles consideren extremadamente riesgoso que México apruebe la perforación de entre 9 mil y 20 mil pozos, los cuales necesitarían la misma cantidad de agua que usarían entre 5 y 15.9 millones de personas para satisfacer sus necesidades básicas, lo cual implicaría un grave riesgo para que el Estado pueda garantizar el derecho al agua de los mexicanos.

“En la Constitución Mexicana se establece el derecho humano al agua. Esto implica que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del vital líquido para consumo personal y doméstico de forma suficiente y salubre. Por lo tanto, los gobernantes claramente están obligados a respetar este derecho y ponerlo por encima de la explotación de hidrocarburos”, señala Claudia Campero, integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, quien considera que la técnica de la fractura hidráulica podría contaminar los acuíferos con grandes cantidades de tóxicos y arena.

Las grandes afectaciones ambientales del fracking ha provocado que esta técnica esté prohibida en países como Francia, Alemania, Irlanda, Holanda y Australia, así como en varias ciudades de Estados Unidos.

Y a pesar de las consecuencias sociales y ambientales, algunos expertos tienen serias dudas de que el gas esquisto sea un negocio redituable para México.

De acuerdo con datos de Fundar Centro de Investigación y Análisis, Pemex calcula que deberá invertir entre 2012 y 2016 un total de 30 mil millones de pesos sólo para evaluar la viabilidad de los yacimientos de esquisto. De acuerdo con datos de la industria gasífera de Estados Unidos, el 80 por ciento de los pozos perforados pueden resultar inviables comercialmente.

Además, las tasas de declinación de la productividad de los pozos declina entre 29 y un 52 por ciento anual, con lo cual, un pozo deja de ser económicamente viable en un par de años. Esto ha provocado que Estados Unidos tenga que perforar 7 mil pozos anualmente para mantener la producción.

La baja eficiencia de recuperación en los yacimientos del gas shale se encuentra entre el 4.7 y 10 por ciento, frente al 75 y 80 por ciento del gas convencional. Por si fuera poco, los bajos precios del gas hacen que en muchas ocasiones los costos de producción superen las ganancias derivadas de las ventas.

Mientras mil pies cúbicos de esquisto se vendían a 3.99 dólares en 2013, el precio de producción en Estados Unidos osciló entre los cuatro y seis dólares por cada mil pies cúbicos. Esto genera además, un bajo rendimiento de la inversión, ya que la relación entre inversión y energía producida del gas esquisto es de cinco a uno, mientras en los proyectos de gas convencionales esta diferencia es de 20 a uno.

“Todo ello plantea dudas sobre la viabilidad de la explotación del gas shale en México, a lo que suman los altos costos sociales y ambientales”, explica Aroa de la Fuente, especialista de Fundar.

Si la producción de gas shale no es económicamente redituable, ¿dónde está el negocio? En la especulación financiera derivada de la compra-venta de la tierra.

“En el caso de México se está viendo lo que ocurrió en Estados Unidos hace unos años, hubo una gran propaganda diciendo que esto era la nueva forma de energía del futuro, que Estados Unidos sería la nueva Arabia Saudita, que iban a ser independientes desde el punto de vista energético y todo esto creo una gran expectativa, se invirtió mucho en esto y se han hecho ganancias más de la especulación que de la producción de estos hidrocarburos”, explica Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Uno va, compra o renta una parcela a un precio muy bajo y gracias a esta propaganda, con la expectativa de que se puede producir mucha energía se vende la parcela a un precio mucho mayor. Ahí está la especulación”, afirma el experto en temas energéticos.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GIZ), titulado Desarrollo del gas de lulitas (shale gas) y su impacto en el mercado interno de México, publicado en octubre de 2013, señala que “los grandes productores de esquisto están reorientando sus operaciones hacia zonas ricas en líquidos por su mayor valor de mercado. La lógica financiera es arrendar grandes terrenos para luego vender participaciones minoritarias que permitan recuperar el costo del arrendamiento”.

El informe de la Cepal indica que la extensión territorial adecuada para las explotaciones de gas shale gas es de 2.6 millones de metros cuadrados. De ahí que la explotación del gas no convencional requiera de grandes extensiones de tierra para ser redituable.

Para los críticos, esto explica en buena medida la intención del gobierno federal y el PRI para facilitar las expropiaciones de terrenos a través de la Ley de Hidrocarburos que actualmente se discute en el Senado de la República.

Mientras el PRD se ha pronunciado en contra de las leyes secundarias en materia energética al considerar que “se está traicionando a México al legalizar el despojo de las tierras comunales, ejidales y de comunidades indígenas para dar prioridad a la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de los concesionarios”.

Los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas y Benjamín Robles Montoya, señalaron que la reforma propuesta por el PRI y avalada por el PAN implica cambios de fondo en el pacto social y al concepto fundamental de que la nación era la propietaria originaria de los recursos del subsuelo.

“Ese principio se ha vulnerado y hoy en este conjunto de dictámenes que estamos abordando en las comisiones unidas se concreta prácticamente la subasta y el remate de los recursos naturales del país, particularmente los hidrocarburos”, mencionó Encinas.

Por su parte, el PAN se ha pronunciado por lograr mejores compensaciones para las afectaciones sociales y ambientales generadas por la explotación de hidrocarburos, tal como comentó el secretario de la comisión de Energía del Senado, Salvador Vega Casillas.

“Estamos poniendo especial cuidado y énfasis, al pago justo para las afectaciones en los derechos superficiales cuando haya extracción, conducción de gas o de petróleo. Ese es un tema que es verdaderamente importante. Los dueños de las tierras deben de recibir un beneficio de la extracción de los hidrocarburos”, dijo Vega acompañado por el Grupo Parlamentario del PAN al exponer los siete puntos “irreductibles” que impulsarán durante la reforma.

Sin embargo, los blanquiazules no mencionaron nada en contra de las facultades que la reforma concede al Estado para expropiar tierras y entregarlas a las empresas extractivas.

El PAN anunció que mantendría negociaciones con el PRI fuera del marco institucional debido a los intentos del PRD por “frenar” la discusión en materia energética dentro de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos que se lleva a cabo en el Senado.