MÉXICO, DF, 12 de junio de 2014.- La aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética podría hacer que muchos agricultores mexicanos sean despojados de sus tierras para que las empresas trasnacionales exploten hidrocarburos a través de procedimientos de alto impacto ambiental y social, tal como ocurre con la fracturación hidráulica (fracking) para aprovechar el gas de esquisto (shale gas).

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos que actualmente se discute en el Senado, la explotación de petróleo y gas será una prioridad para el Estado mexicano, por encima de cualquier otra actividad, situación que abre la puerta para que el gobierno pueda expropiar tierras para a favor de las empresas privadas que se integren a la industria con la apertura.

“Las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas”, según se señala en el artículo 91 de la Ley de Hidrocarburos.

Aun cuando la reforma energética plantea compartir dichas utilidades con la iniciativa privada, precisa que “la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a la Ley de expropiación y demás disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera”.

Pero la iniciativa que hoy se discute no se queda ahí, pues en su artículo 96, fracción VI, la propuesta presidencial señala que el precio previsto para las expropiaciones o venta de terrenos, deberán favorecer las necesidades de las empresas contratistas encargadas de explotar hidrocarburos.

“La contraprestación que se acuerde deberá ser proporcional a las necesidades del Asignatario o Contratista conforme a las actividades que requiera realizar al amparo de la Asignación o Contrato y los usos que se pretendan dar al efecto. Podrá comprender pagos en efectivo o en especie, incluyendo compromisos para formar parte de proyectos y desarrollos en la comunidad o localidad, una combinación de las anteriores, o cualquier otra prestación que no sea contraria a la ley”, señala el citado artículo.

De acuerdo con especialistas, esta ley abre la puerta para que el Estado obligue a que los dueños de las tierras vendan sus terrenos para entregárselas a empresas particulares. De por sí, una política de esta naturaleza pone en riesgo la propiedad de las personas, pero anticipa una cadena de controversias con formas de propiedad como la comunal y el ejido, por lo que indígenas y campesinos podrían ser los primeros damnificados directos de la reforma presidencial.

Lejos de ser un “efecto secundario” de la liberalización de la industria petrolera, el riesgo es totalmente calculado, pues la reforma al campo pretende simplificar el proceso burocrático para privatizar la propiedad ejidal, lo cual facilitaría que las empresas petroleras y gaseras puedan apropiarse de grandes extensiones de tierra para la explotación de hidrocarburos.

Precisamente, “ese es el punto central. La reforma al campo lo que busca es ajustar la legislación agraria a las necesidades de la reforma energética para facilitar la entrega de los recursos del subsuelo a las empresas extranjeras”, asegura Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

“Efectivamente en el octavo transitorio de la reforma constitucional en energía, y que ahora se está reglamentando en la Ley de Hidrocarburos, se establece que la actividad de exploración y explotación de gas y construcción eléctrica es estratégica y prioritaria sobre cualquier otra actividad que se desarrolle en el suelo o subsuelo, lo cual favorecerá el despojo de los territorios sobre los cuales se lleve a cabo exploración y explotación de hidrocarburos”, agrega Suárez.

Según el especialista, la reforma al campo propuesta por Peña busca profundizar la reforma agraria de 1992, impulsada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, para privatizar la propiedad social de la tierra para que las empresas extractivas puedan apropiarse de los recursos naturales en poder de las comunidades.

“Esta reforma establece ya la posibilidad de que el ejido pueda adoptar la propiedad privada plena de sus parcelas, pero para eso se requiere un procedimiento que hoy se quiere modificar, el cual implica que dos terceras partes de los sujetos agrarios se tienen que reunir en asamblea general legalmente convocada para poder tomar decisión”, señala el especialista.

Si no se reúne la mayoría calificada de dos tercios no se puede transitar de la propiedad ejidal a la propiedad privada plena, destaca y asegura que lo que busca “la reforma peñista es simplificar este procedimiento para que sea con el 50 por ciento más uno de los sujetos agrarios de la asamblea general, o con los que asistan en segunda convocatoria, que se pueda desahogar el procedimiento de transición de propiedad ejidal a propiedad privada plena. Esta situación es lo que ha impedido en estos 22 años que la gente cambie su propiedad social a propiedad privada”, agrega.

A los dirigentes de las organizaciones campesinas oficiales, que defienden las reformas, parece no interesarles hablar del asunto, pues el senador priista y líder de la Confederación Nacional Campesina no ha atendido los requerimientos de Quadratín ni ha manifestado su opinión al respecto.