Gobierno, comprometido con vigencia de derechos humanos: PGR y Segob

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2016.- El informe presentado este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no con compartidos por el Gobierno de México, manifestó el Gobierno de la República a través de un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Tanto en la visita que realizaron en septiembre–octubre los miembros de la CIDH, invitados por las autoridades mexicanas, como al término de ésta, el “Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH – que hoy se retoman en el informe – se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años. De hecho, en repetidas ocasiones se solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones. “Desafortunadamente, el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de 50 años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997”, se lee en el extenso comunicado.

El informe final de la CIDH incorpora referencias a las observaciones del Estado Mexicano de manera directa en aproximadamente 40 ocasiones–continúa el escrito–, citando textualmente la información proporcionada pero sin contrastar dicha información con sus fuentes y análisis inicial. Si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones de México, éstas no incidieron en el análisis final de la CIDH, en su metodología, en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones.

El texto íntegro de los comentarios que formuló el Estado Mexicano a la CIDH, y que le hizo llegar el 15 de diciembre de 2015, puede consultarse en el siguiente vínculo electrónico: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/MX-Observaciones2015.pdf.

Desde la perspectiva del Gobierno mexicano, la metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial.

En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado –observan las autoridades mexicanas– se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento. Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas.

“El Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia. Por ello, se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció.

“El informe no valora que para el Gobierno de la República siempre ha sido una prioridad atender las solicitudes de información de parte de la CIDH. Además de ello, las numerosas audiencias públicas en que ha participado en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, y las visitas de los Comisionados a México en septiembre pasado, son muestra de la apertura y cooperación internacional que privilegia nuestro país y que, una vez más, el informe no recoge”.

Las autoridades mexicanas advierten  que el informe de la CIDH desestimó o recogió sólo parcialmente, no obstante la numerosa información que el Estado mexicano le entregó durante y con posterioridad a la visita, se citan los siguientes:

El Ejecutivo Federal, con el objeto de prevenir y erradicar prácticas como la desaparición forzada y la tortura, presentó ante el Congreso las iniciativas de Ley en estos rubros, que resultaron de un amplio proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil y otros actores internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, la Procuraduría General de la República publicó dos protocolos para la investigación de estos delitos y creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de personas.

Entre otras acciones que forman parte de los ejes prioritarios del gobierno está la protección a los derechos de las víctimas, por ello se publicó la Ley General en la materia, que prevé la instalación de un Sistema Nacional de atención y la creación de un fondo de ayuda y de reparación integral para víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

Durante su visita, a los comisionados se les informó también de las acciones de protección a sectores como periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a través del Mecanismo de protección operado a nivel federal por la Secretaría de Gobernación y del Fondo para la implementación de dichas medidas. A la fecha, 489 personas y 11 organizaciones han sido incorporadas al Mecanismo, que ha probado ser cada vez más efectivo.

“Por otro lado, nuestro país ha avanzado en legislar desde una perspectiva de derechos humanos en temas como derechos humanos de las personas migrantes y refugiados, asimismo se cuenta con legislación sin precedentes en México y en el mundo, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además atendió a recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF.

“Todas estas acciones están enmarcadas en un marco jurídico sólido que obliga al respeto de los derechos humanos en todo el quehacer gubernamental”, añade el escrito.

Asimismo, el Gobierno de la República sostiene que el informe de la CIDH no refleja que “México es un gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales. Muy pocos países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH, el INEGI, el INAI y el CONEVAL, esfuerzos que no son reconocidos ni señalados como buenas prácticas por la CIDH”.

La postura oficial destaca que México cuenta con una sociedad civil demandante que participa activamente en el diseño e implementación de políticas y estrategias de derechos humanos, y con la que se mantiene un diálogo constante, mismo que ha servido para la construcción de políticas públicas y en el diseño de instrumentos legales.

Finalmente y a pesar de estar en desacuerdo con los observado por la CIDH, el Gobierno mexicano “toma nota de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe y reitera que las analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda, si bien, como la misma CIDH reconoce, muchas de estas ya han sido atendidas o bien se trabaja en atenderlas, incluso desde antes que la Comisión visitara México”.