INECC deberá entregar estudios sobre derrame tóxico en ríos de Sonora

MÉXICO, DF, 26 de abril de 2015.- El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a entregar la información solicitada por un particular sobre los estudios de valoración económica y de riesgo ambiental realizados a partir del derrame tóxico en ríos de Sonora, provocado por una mina concesionada a Grupo México en agosto de 2014, informó el instituto a través de un comunicado.

Según análisis del propio INECC, el derrame tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, afectó a 24 mil personas y generó daños que ascienden al menos a mil 800 millones de pesos. Por este motivo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) lo calificó como el peor desastre ambiental en la historia moderna del país.

En su respuesta, revocada por el IFAI, el sujeto obligado declaró incompetencia para atender la solicitud de información y orientó al particular a dirigirla a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), señalando que dicha dependencia coordinó las comisiones especiales formadas por el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados para dar seguimiento al tema.

En el análisis del caso, el Comisionado ponente Joel Salas Suárez señaló que, de acuerdo con la Ley General de Cambio Climático, el INECC sí es competente para conocer lo solicitado, pues es su facultad realizar estudios de investigación científica o tecnológica en materia de protección al ambiente, además de colaborar con la SEMARNAT en la cuantificación de costos por contaminación al ambiente. También se encontró un boletín de prensa de la Cámara de Diputados que corrobora la participación del sujeto obligado en el análisis de los dictámenes para cuantificar el daño causado.

Salas Suárez explicó que las consecuencias del daño ambiental van más allá de las pérdidas económicas; quienes habitan cerca de zonas de explotación minera deben poder conocer los efectos, magnitud y riesgos latentes de esta actividad.

Al asumir los compromisos internacionales que prevén acciones para facilitar el acceso a la información y promover la participación ciudadana en la protección del medio ambiente, así como el respeto a los derechos de las comunidades cercanas a lugares de explotación de recursos naturales, el Gobierno Mexicano ha reconocido que la sociedad debe estar informada sobre el tema.

“Frente a contingencias ambientales, es necesario proporcionar información de forma constante, organizada y de acuerdo a las necesidades de la población. Las autoridades federales, estatales y municipales deben estar coordinadas de modo que, favoreciendo el principio de máxima publicidad, estén en capacidad de contestar lo que esté bajo sus atribuciones”, dijo el Comisionado del IFAI.