La justicia cotidiana

Justicia humana, accesible,
transparente y eficiente.

El pasado 27 de noviembre, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció diez medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país.Quiero referirme a la que llamo justicia cotidiana.

En reiteradas ocasiones he sostenido que el sistema de procuración y administración de justicia mexicano requiere mayor atención, para hacerlo más accesible humano y transparente.

Más accesible porque para la sociedad acceder a la justicia tiene que ser sencillo, eliminar todo aquello que retrasa y burocratiza. Es indispensable el uso de las tecnologías, sistematizar todos los procesos de tal manera que estando en cualquier punto geográfico las partes puedan promover y hacer toda clase de trámites y revisar su expediente. Esto, además de permite ahorrar dos recursos importantes, recursos económicos humanos y sobretodo tiempo.

Más humano porque los funcionarios judiciales tienen que ser sensibles, reunir el perfil adecuado, no sólo ser técnicamente capaces, si no ser seleccionados mediante examen psicométrico, que demuestre que tiene aptitudes de juzgador, en suma que la carrera judicial sea garantía para los justiciables. Es indispensable transparentar todos los procesos interna y externamente pues es muy grave que en una institución de procuración y administración de justicia se perciba impunidad, injusticia y opacidad.

Existen sucesos que marcan el sentir de toda una nación, que pueden cambiar la historia de un país y de sus ciudadanos. Sin embargo, no hay que perder de vista la existencia de conflictos del día a día que, para una persona, representan lo más importante lo que más está afectando su vida, patrimonio, libertad e incluso su estabilidad familiar.

La incorporación de la tecnología, la transparencia, en fin, todo aquello que mejore el acceso a la justicia, es donde hay que poner énfasis pues una ley, por buena y moderna que sea, no cumple su función si no es aplicada oportunamente con ayuda de las herramientas tecnológicas y orientada por servidores públicos eficaces y honestos.

Hoy, tenemos que admitir que en nuestro país aún se percibe corrupción, e impunidad que genera desconfianza hacia los órganos que procuran y administran justicia, esto aunado a la atención que aun les debemos a las víctimas y por supuesto el respeto irrestricto a sus derechos humanos.

Hace unos años, más o menos 7, cuando era Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de mi querido Estado de Hidalgo, como vicepresidenta de CONATRIB hice un comparativo entre la justicia federal y local y los resultados fueron contrastantes.

· El presupuesto asignado al Poder Judicial Federal era un 113% superior a la suma de los presupuestos de los poderes judiciales de todos los estados juntos.
· En cuanto a cargas de trabajo, los poderes judiciales locales concentraban 5 veces más número de asuntos que la justicia federal.
· En promedio, un Magistrado local percibía menos de la mitad de salario que lo que recibía uno federal.
· Un Juez local en promedio percibía una cuarta parte del suelo de uno Federal.

Desde esa época propuse a la CONAGO que el presupuesto para los poderes judiciales de las diferentes entidades federativas debe asignarse desde la Cámara de Diputados y, así, poderlo orientar las acciones que hagan énfasis en el acceso, la trasparencia y la humanización de la justicia.Esta medida impactaría positivamente en los ingresos de los impartidores de justicia y en todo el personal a nivel local. Por supuesto, un trato equitativo entre nivel de responsabilidad, cargas de trabajo y recursos sería idóneo para fortalecer a los poderes judiciales locales con esquemas de profesionalización y desarrollo tecnológico.

Cabe señalar que cada día la justicia local se ha ido llenando de nuevas facultades, sin el acompañamiento de un presupuesto correspondiente, como ejemplo tenemos el sistema de justicia de adolescentes.

De otra manera cómo podemos pedirle a los funcionarios locales que sean justos si el estado mexicano es injusto con ellos

En muchas regiones del país los conflictos sociales, llegan inercialmente a las presidencias municipales en donde a través de jueces conciliadores u otras autoridades similares, tratan de resolverlos, en la mayoría de los casos no cuentan con los conocimientos necesarios para asegurar que las personas queden satisfechas y muchas veces, incluso, empeoran el problema. Ante ello, la Justicia Alternativa constituye una salida viable y su implementación desde los municipios permite que en todos los rincones del país exista un mediador o conciliador con capacidad y conocimientos que resuelva los problemas de la vida diaria, esto si contribuye a promover una cultura por la paz.

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