Trump pierde el Congreso, pero México no gana todavía

La mayoría demócrata abre nuevos contrapesos, pero la Casa Blanca llevaba meses preparando un gobierno por decreto

Una investigación de Reuters reveló que, desde abril, los principales colaboradores de Donald Trump preparaban una estrategia para preservar su capacidad de decisión aun en el caso de perder el Congreso. Muchos optimistas consideran que el triunfo demócrata puede beneficiar a México, pero ese beneficio dependerá en buena medida de la capacidad de Sheinbaum y su equipo para negociar con un Washington dividido, donde la Presidencia y el Congreso sostendrán posiciones distintas e incluso enfrentadas. Por ello, confundir el debilitamiento legislativo de Trump con una disminución automática de su poder sería —más que un error de cálculo—, una soberana estupidez.

Alberto Carbot

Donald Trump perdió este 3 de noviembre el control político de las dos cámaras del Congreso estadounidense, recuperadas por los demócratas en unas elecciones intermedias que castigaron al Partido Republicano incluso en estados donde parecía improbable una derrota. El resultado altera la segunda mitad de su mandato, aunque dista mucho de convertir al presidente en una figura sin poder.

La nueva mayoría podrá bloquear iniciativas legislativas, investigar a los funcionarios de la administración, exigir documentos y testimonios, condicionar partidas presupuestarias y, desde el Senado, rechazar nombramientos presidenciales. Se perfila una relación muy distinta de la que Trump mantuvo con un Congreso republicano que, durante sus primeros dos años, rara vez le impuso límites de consideración.

Ese cambio comenzará a operar con el Congreso que asumirá el 3 de enero de 2027, pero entretanto Trump conservará la Presidencia, el control de las agencias federales y las facultades ejecutivas que ha utilizado para imponer su agenda comercial, migratoria y de seguridad, además del poder de veto, cuya anulación exigiría dos tercios de los votos en ambas cámaras.

México tiene razones para encontrar posibilidades favorables en el resultado, aunque sería una equivocación celebrar la derrota republicana como si equivaliera a una victoria diplomática de Claudia Sheinbaum, porque un presidente debilitado en las urnas todavía puede adoptar decisiones de enorme costo para su vecino y la incertidumbre consiste en averiguar si buscará acuerdos que le permitan recuperar autoridad o conflictos que exhiban la que aún conserva.

En su colaboración habitual para El Universal de este miércoles, el excanciller Jorge G. Castañeda examina tres pronósticos sobre México que, a su juicio, descansan en interpretaciones equivocadas de la política estadounidense, comenzando por la suposición de que Trump necesitaría un golpe espectacular contra nuestro país para recuperar votos antes del 3 de noviembre. Circularon versiones sobre posibles operaciones militares en territorio mexicano y acciones contra figuras políticas de alto perfil, pero nada de eso ocurrió antes de las elecciones, lo que obliga a recordar que una amenaza posible no constituye un acontecimiento inevitable y que presentarla como tal puede distorsionar las decisiones públicas.

Castañeda sostiene que México ocupó un lugar secundario en los cálculos del electorado estadounidense, una observación atendible que requiere precisar que la migración, las drogas y la frontera sí aparecieron en el debate político, aunque no existen elementos suficientes para suponer que una operación contra algún político mexicano habría alterado por sí misma el resultado electoral. El excanciller acusa al gobierno de haber alimentado deliberadamente aquellas versiones, una intención que no queda demostrada por el simple fracaso de los pronósticos, mientras su crítica más sólida permanece en otro terreno, el de la obligación de separar los riesgos comprobables de las especulaciones interesadas.

El tratado que no terminó en julio

El primer asunto es el T-MEC, cuya prórroga en los términos actuales rechazó Washington el 1 de julio de 2026, durante la revisión conjunta con México y Canadá, aunque esa decisión no canceló el acuerdo, que permanece en vigor y deberá someterse a revisiones anuales a partir de 2027 mientras los tres países no convengan su extensión; de no haber renovación ni retiro anticipado, su vencimiento está previsto para 2036.

Y aquí la diferencia es decisiva, puesto que un tratado vigente permite continuar las operaciones comerciales bajo sus disposiciones, mientras una revisión sin resolver, instala una duda permanente sobre las reglas del futuro, capaz de pesar tanto como un arancel en las decisiones de inversión y producción de una empresa automotriz, un proveedor de componentes electrónicos o un productor agrícola.

Durante 2025 México fue el principal socio comercial de Estados Unidos en bienes y servicios combinados, según el Servicio de Investigación del Congreso de aquel país, en una relación cuyas cadenas de suministro están tan entrelazadas que una pieza fabricada en territorio mexicano puede incorporar insumos estadounidenses, cruzar varias veces la frontera y terminar en un vehículo vendido en cualquiera de los dos mercados, de modo que perjudicar esa integración también daña intereses económicos estadounidenses.

El 28 de octubre, apenas seis días antes de la elección, Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, seguía conversando con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, al tiempo que reconoció avances y admitió desacuerdos pendientes, entre ellos la pretensión mexicana de obtener una reducción importante de los aranceles aplicados al sector automotriz, el acero y el aluminio mediante la Sección 232 de la legislación estadounidense.

La segunda objeción de Castañeda se refiere precisamente al acuerdo comercial que algunos daban por próximo antes de la votación y que tampoco llegó, pues la complejidad de las negociaciones, los plazos disponibles y las prioridades de Washington hacían poco verosímil resolver de golpe los aranceles sectoriales, las diferencias regulatorias y la continuidad del tratado. Hay que distinguir, sin embargo, entre una promesa incumplida y una negociación que no alcanzó a concluirse, ya que el 28 de octubre Sheinbaum habló expresamente de comprobar si era factible llegar a un acuerdo antes de las elecciones, sin anunciar que estuviera firmado ni garantizar su conclusión; lo objetable fue convertir una posibilidad en expectativa casi segura, sobre todo cuando la incertidumbre afecta decisiones reales de inversión y empleo.

Conviene distinguir esos gravámenes de los impuestos generales que Trump intentó justificar mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pues el 20 de febrero de 2026 la Suprema Corte estadounidense resolvió que esa ley no confería al presidente facultades para imponer aranceles, una sentencia que limitó sus herramientas comerciales sin cerrar la discusión sobre otros instrumentos, entre ellos los gravámenes sectoriales de la Sección 232.

El Congreso demócrata podrá exigir información sobre las negociaciones del T-MEC, discutir sus efectos económicos y ejercer su autoridad legislativa cuando una modificación del tratado requiera cambios en las leyes estadounidenses, aunque sería incorrecto afirmar que cualquier ajuste deberá recibir automáticamente su aprobación, porque la revisión, algunos entendimientos comerciales y las medidas que puedan ejecutarse con facultades ya existentes seguirán dependiendo, en buena medida, de la Casa Blanca.

Tampoco conviene atribuir a los demócratas una disposición incondicional a favorecer a México, pues su relación con los sindicatos y los defensores de la legislación ambiental puede traducirse en exigencias más severas sobre salarios, contratos colectivos, reglas de origen, energía y condiciones de competencia, como lo demuestra la vigencia del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, utilizado ya como instrumento de presión. El 2 de noviembre, apenas un día antes de las elecciones, la oficina comercial estadounidense activó una nueva revisión por presuntas violaciones de derechos laborales en la empresa mexicana Madobox.

El beneficio posible para México consiste en ampliar la negociación más allá de la voluntad presidencial y encontrar respaldo entre legisladores, empresarios y trabajadores estadounidenses interesados en preservar la integración productiva, aunque existe el riesgo de afrontar una revisión más exigente y prolongada, pues el Congreso puede oponerse al proteccionismo arbitrario de Trump y al mismo tiempo reclamar nuevas obligaciones a nuestro país.

La disputa bilateral tampoco se reduce al tratado, ya que Washington reclama mayor control sobre los insumos procedentes de China que ingresan a las cadenas industriales norteamericanas, cuestiona decisiones mexicanas en materia energética y ha utilizado amenazas arancelarias para presionar por las entregas de agua del río Bravo previstas en el tratado de 1944. Así, el comercio, la seguridad y los compromisos fronterizos pueden terminar mezclados en una misma negociación política, aun cuando sus fundamentos jurídicos sean distintos.

Texas y el costo humano de la frontera

Las urnas produjeron otro resultado especialmente importante para México, con la victoria de la demócrata Gina Hinojosa sobre el gobernador republicano Greg Abbott en Texas y el triunfo de James Talarico, también demócrata, en la disputa por el escaño del Senado federal frente a Ken Paxton; la pérdida de esas posiciones en uno de los mayores bastiones republicanos modifica el escenario político del estado que comparte con nuestro país una frontera de extraordinaria actividad comercial y migratoria.

Abbott había convertido la vigilancia fronteriza en una de las principales banderas de su gobierno mediante la Operación Estrella Solitaria, iniciada en 2021, que implicó despliegues de la Guardia Nacional texana, agentes estatales, barreras y otras medidas de contención. Hinojosa podrá revisar las prioridades, los gastos y los procedimientos que dependan del gobierno estatal, con la posibilidad de aliviar conflictos y favorecer una relación más constructiva con las autoridades mexicanas.

Pero Texas no decide la política migratoria federal, por lo que la nueva gobernadora carecerá de facultades para cancelar las operaciones de ICE, cambiar por sí misma los requisitos de ingreso a Estados Unidos o impedir una orden federal de deportación; habrá que observar, además, la correlación de fuerzas en el Congreso estatal y la capacidad efectiva de Hinojosa para modificar las decisiones heredadas.

El costo humano de la política migratoria de Trump ya puede medirse con datos, pues el Migration Policy Institute calculó alrededor de 980 mil deportaciones y retornos de personas de diversas nacionalidades durante los primeros dieciocho meses de su segundo mandato, entre enero de 2025 y julio de 2026; de acuerdo con esa investigación, aproximadamente una quinta parte de las personas comprendidas en el total tenía antecedentes de condena penal, una proporción que exige distinguir entre el control fronterizo, las expulsiones formales y las detenciones realizadas dentro de Estados Unidos.

Una mayoría demócrata tendrá mayores oportunidades de investigar las redadas, las condiciones de los centros de detención, los contratos y los presupuestos de las agencias migratorias, además de exigir garantías procesales y combatir los abusos documentados, aunque ninguna de esas facultades significa que las deportaciones cesarán en enero, pues Trump seguirá dirigiendo la aplicación federal de las leyes y los demócratas tampoco han propuesto renunciar al control de la frontera.

Para México, la diferencia se medirá en familias divididas, comunidades receptoras, presión sobre las ciudades fronterizas y, eventualmente, en los ingresos de hogares que dependen de las remesas, de modo que una disminución de los operativos indiscriminados sería favorable, aunque prometerla ahora —antes de conocer las decisiones del nuevo Congreso y la respuesta presidencial—, resultaría aventurado.

Hay una responsabilidad adicional para el gobierno mexicano, cuyo territorio recibe a connacionales deportados y a personas de otras nacionalidades expulsadas o trasladadas por Estados Unidos, una situación que requiere políticas de recepción, asistencia y coordinación con los gobiernos locales, porque cualquier mejora en el trato de los migrantes dependerá también de lo que haga México con quienes lleguen a sus propias ciudades.

Cárteles, terrorismo y soberanía

La seguridad constituye el terreno más delicado, pues Estados Unidos ha clasificado como organizaciones terroristas extranjeras a 8 grupos criminales asentados en México, de acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso, actualizado en septiembre de 2026, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, una designación que amplía las posibilidades de imponer sanciones financieras, restricciones migratorias y cargos penales por determinadas formas de apoyo material a esas organizaciones.

Es indispensable precisar que esa clasificación recae sobre organizaciones criminales y no sobre el Estado mexicano, y que por sí misma tampoco autoriza una incursión militar estadounidense en nuestro territorio, una distinción jurídica que adquiere especial importancia ante las amenazas de Trump de utilizar la fuerza contra narcotraficantes que operan en México.

El Congreso podrá investigar operaciones militares, cuestionar sus fundamentos legales, revisar autorizaciones y discutir el uso de recursos públicos, por lo que una mayoría demócrata podría elevar el costo político de cualquier intervención unilateral, aunque sus posibilidades de imponer restricciones definitivas tropezarían con el veto presidencial y con las controversias relativas a las facultades del comandante en jefe.

Ninguna mayoría parlamentaria estadounidense absolverá al gobierno mexicano de su obligación de combatir al narcotráfico, porque la producción de drogas sintéticas, la corrupción que protege negocios criminales y las redes de lavado de dinero seguirán presentes en la agenda bilateral, y sería absurdo esperar que los demócratas adoptaran una actitud indulgente frente a los cárteles por el hecho de discrepar de Trump.

México, a su vez, deberá insistir en la responsabilidad estadounidense, pues el tráfico de armas hacia nuestro territorio, las operaciones financieras de las organizaciones criminales y la demanda de drogas al norte de la frontera forman parte de un problema compartido que exige una cooperación con resultados comprobables y respeto a la soberanía, sin convertir cada diferencia en un pretexto para la amenaza militar.

El plan que la Casa Blanca preparó antes de perder

La investigación que obliga a mirar los próximos meses con mayor cautela fue publicada el 1 de noviembre, dos días antes de la votación, cuando Reuters reveló que la Casa Blanca llevaba meses preparando una estrategia para gobernar sin el respaldo del Congreso, una información obtenida de un funcionario de la administración y dos personas conocedoras de los preparativos que hablaron bajo condición de anonimato.

Según ese trabajo, desde abril participaban en la planificación Stephen Miller, subjefe de gabinete y uno de los principales impulsores de la política migratoria, Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, y los abogados de la Casa Blanca, cuyo equipo jurídico, encabezado por Will Scharf, examinaba el alcance de las atribuciones presidenciales y la manera de defenderlas ante los tribunales.

Según el informe, los asuntos examinados incluían nuevas decisiones arancelarias, restricciones de visados, disposiciones migratorias y cambios en el manejo de recursos federales que pudieran ejecutarse sin una nueva autorización legislativa, al mismo tiempo que se preparaban respuestas ante investigaciones parlamentarias y solicitudes de documentos, aunque Reuters describió planes todavía en estudio, no medidas que debamos dar por aprobadas o ejecutadas.

Ese dato modifica el sentido de la derrota republicana, porque la administración no se esperó a conocer las cifras electorales para preguntarse cómo conservaría la iniciativa política, y desde meses atrás buscaba los márgenes legales y administrativos que le permitirían seguir actuando frente a un Congreso adverso, mientras el propio Trump anticipaba que recurriría al veto y que posteriormente podría negociar acuerdos con los demócratas.

Los especialistas de Brookings y Chatham House —dos de los centros de investigación y análisis político más conocidos e influyentes del mundo, los famosos think tanks—, habían advertido que un Congreso opositor no eliminaría los poderes ejecutivos en política exterior, comercio y seguridad, y sus análisis planteaban la posibilidad de una presidencia más inclinada a decisiones unilaterales y litigios, aunque esas advertencias siguen siendo prospectivas y de ningún modo prueban que la Casa Blanca haya decidido ya emprender una acción específica contra México.

La tercera advertencia de Castañeda resulta especialmente pertinente, porque los presidentes estadounidenses que llegan al tramo final de sus mandatos sin posibilidad de reelegirse y con un Congreso adverso suelen encontrar en la política exterior un campo donde todavía pueden tomar grandes decisiones, como lo muestran las iniciativas internacionales de Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton y Barack Obama, recordadas por el excanciller en circunstancias distintas de desgaste o limitación interna. Estos antecedentes no constituyen una ley histórica ni permiten anticipar que Trump elegirá un conflicto con México, pero sí sirven para desmontar la confianza injustificada en que una derrota legislativa lo obligará a concentrarse exclusivamente en sus problemas domésticos.

Y ahí aparece la contradicción que debe preocuparnos, pues Trump puede perder capacidad para aprobar leyes y conservar instrumentos suficientes para provocar una crisis arancelaria, ordenar operativos migratorios o elevar la tensión por los cárteles, de manera que una derrota electoral podría empujarlo hacia la negociación o, por el contrario, alentarlo a demostrar que todavía ejerce la autoridad presidencial en los asuntos que permanecen bajo su control.

Dos centros de poder frente a México

Claudia Sheinbaum deberá negociar con una Casa Blanca republicana y con un Capitolio dirigido por demócratas, cuyos intereses pueden coincidir en la protección de industrias estadounidenses y la exigencia de resultados contra el narcotráfico, pero diferir en las formas de aplicar la ley migratoria, el alcance de los aranceles y la intervención militar fuera del territorio estadounidense.

La estrategia mexicana tendrá que ser más amplia que la relación personal entre los dos presidentes, pues resultará indispensable cultivar acuerdos con legisladores de ambos partidos, gobiernos estatales, sindicatos y empresas que dependen de las cadenas de producción norteamericanas, aprovechando las puertas que abre la victoria demócrata sin convertir el acercamiento al Congreso en un desafío político contra Trump.

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano necesitará preparar respuestas jurídicas y comerciales frente a nuevas medidas arancelarias, reforzar la cooperación de seguridad verificable y anticipar los efectos de posibles cambios en las deportaciones, tareas que no pueden esperar a que el nuevo Congreso tome posesión, porque el calendario de inversiones y negociaciones tampoco se detiene mientras Washington resuelve sus disputas internas.

En realidad, los demócratas no representan una garantía de concesiones para nuestro país, ya que pueden defender el T-MEC frente a la incertidumbre de Trump y mostrarse más severos con las condiciones laborales, los compromisos ambientales y la política energética mexicana, del mismo modo que pueden cuestionar una intervención militar unilateral y exigir, a la vez, investigaciones más profundas sobre las redes de protección del narcotráfico.

Muchos optimistas consideran que el triunfo demócrata puede beneficiar a México, pero ese beneficio dependerá en buena medida de la capacidad de Sheinbaum y su equipo para negociar con un Washington dividido, donde la Presidencia y el Congreso sostendrán posiciones distintas e incluso enfrentadas. Por ello, confundir el debilitamiento legislativo de Trump con una disminución automática de su poder sería —más que un error de cálculo—, una soberana estupidez.

No hay que olvidar que aún subsiste una posibilidad incómoda, la de que un Trump derrotado en las urnas, preocupado por defender su gobierno y dispuesto a demostrar que todavía manda, resulte durante algún tiempo más imprevisible que el presidente fortalecido por una mayoría propia, razón suficiente para que México se prepare tanto para sus acuerdos como para sus amenazas, sin dar por descontado ninguno de los dos caminos.