Atacan casa del subsecretario de Seguridad de Solidaridad, Quintana Roo
MÉXICO, DF, 10 de enero de 2015.- Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, hizo un llamado al Estado mexicano para romper la impunidad del tipo gubernamental, la social, de los movimientos radicales y la criminal, las cuales las tres convergiendo hacen difícil avanzar en materia de seguridad pública.
“En el reino de la impunidad, lleva a los movimientos sociales radicales y criminales a actuar muy tranquilos porque saben que el 97 por ciento de las denuncias no se revuelven y el tres por ciento restante se compra”, aseveró el especialista en su ponencia en el marco del Foro Internacional sobre Seguridad Pública, por un modelo policial digno.
Benítez Manaut señaló que en México existe una grave cultura de no respeto a las leyes y a las instituciones, lo que incluso lleva a los funcionarios del Estado a la tentación de violar la legislación en el tema monetario hasta el uso de la fuerza.
Manifestó ante elementos de la División de Asuntos Internos de la Policía Federal que tiene que haber una asunción de que la ley se tiene que respetar y mover con acciones hacia la cultura de la legalidad.
Planteó que para modificar la cultura del respeto a la ley, se tiene que cambiar las sanciones en el país, pues comparadas con los estándares internacionales de castigos que existen a militares, policías, políticos corruptos, éstas son débiles.
“Cuando no hay sanciones, en el momento que las instituciones protegen a sus miembros para mantener la cuestión institucional, la población se desencanta de los cuerpos –de seguridad– del Estado”, indicó.
Sobre la impunidad ciudadana cuestionó cómo el Estado, que no cumple la ley, le pide a la gente que protesta, a las organizaciones ciudadanas y a los sindicatos que la respeten.
“El estado no puedo ser criminal, es un ente superior que tiene que guiar a la sociedad; al no tener los mecanismos para actuar con la ética que tiene que actuar el aparato estatal y gubernamental, sobre control de corrupción, de impunidad y de sus acciones respetando los derechos humanos, no puede exigirle a otros”, consideró el especialista.