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El gobierno federal no permitirá que proliferen actividades ilícitas y al margen de la ley para que se mantengan fuentes de empleo y se genere crecimiento, enfatizó el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.
Por ello, dijo, es fundamental que el Estado Mexicano construya alternativas para impulsar proyectos que permitan la generación de mayores empleos.
Al hacer uso de la palabra en el marco de la firma del convenio entre la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Economía Social y 9 universidades de la entidad, que permitirá el apoyo de 150 proyectos con una inversión de 107 millones de pesos en beneficios de los jóvenes, Castillo Cervantes llamó a fortalecer la cultura de la legalidad.
Y para ello, insistió, es necesario hacer un mayor esfuerzos para generar condiciones de desarrollo y empleo para los jóvenes michoacanos, que hoy han se han dejado llevar por el espejismo que representa el crimen organizado.
«Hoy tenemos y estamos obligados a denigrar la figura del crimen organizado, fuente de inspiración de miles de jóvenes que perdieron el rumbo y que han dejado una ola de destrucción con la sociedad y con sus familias», señaló.
El pertenecer al crimen organizado era un tema de inspiración que supuesto ofrece status y crecimiento, pero la realidad es que son pocos los que llegan, insistió el comisionado.En este escenario, Castillo Cervantes recordó que el 28 por ciento de la población estatal se conforma por jóvenes de entre los 15 y 29 años y la falta de oportunidades los hace presas fáciles de la delincuencia organizada.
Si no logramos construir alternativas de desarrollo y empleo para ellos, se perderá la batalla, alertó el comisionado, quién se dijo convencido de que mediante políticas sociales y de desarrollo se podrá hacer frente al flagelo.
Sin embargo, dijo que el gobierno no permitirá que estos se den con la proliferación de actividades ilícitas y recordó las quejas de un grupo de transportistas de mineral que le reclamaron que los operativos para la detención de mineral ilegal ha provocado una crisis en cerca de cinco mil familia que viven del transporte del material extraído en las minas michoacanas.
Este es un ejemplo drástico e irónico de lo que sucede en Michoacán, expuso Castillo Cervantes, quien indico que unas 375 mil toneladas de mineral han sido decomisadas por su procedencia ilegal, tanto en barcos como en patios de acopio.