No al Mando Único, sí a un nuevo esquema de coordinación: Ortega

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero de 2016.- La supuesta falta de mando único policíaco para dar resultados sólo es otro pretexto del gobierno federal para justificar su ineptitud e incapacidad para abatir la criminalidad y garantizar la seguridad a los mexicanos y, a sabiendas o no, el empecinamiento en aplicarlo únicamente se encamina a la “administración centralizada” de la delincuencia, afirmó el diputado Omar Ortega Álvarez a través de un comunicado.

Ante ello, convocó a un debate amplio, incluyente y objetivo en torno a la iniciativa presidencial presentada el 10 de diciembre de 2014 para reformar la Constitución en materia de seguridad y justicia, pues de realizarse el cambio tal como lo plantea el Ejecutivo Federal, redundará en más agravios para la ciudadanía.

Así lo prueban –dijo– las experiencias nacionales e internacionales sobre mando único, pues ahí donde se ha aplicado dicho esquema, la inseguridad no ha disminuido, sino incluso se incrementó, pero además con violaciones graves a los derechos humanos por parte de las autoridades policiacas estatales y federales.

En México, no hay indicio alguno de que esta vez el gobierno federal “le atinará” con la instrumentación de esta medida, porque todo lo que ha hecho a un alto costo en dinero y vidas humanas ha servido para nada.

“Fracaso tras fracaso y millones tras millones invertidos, la violencia en el país no ha disminuido; la injusticia e impunidad permanecen arraigadas en nuestro sistema mexicano, arropando a  criminales y a sus cómplices, agravando la crisis humanitaria que vivimos”, puntualizó el parlamentario perredista.

Por el contrario –agregó–, en los lugares donde se han respetado las facultades y responsabilidades de los municipios, y además se han fortalecido con esquemas mixtos de coordinación -como en Colombia y el municipio michoacano de Cherán-, la violencia ha disminuido hasta 90 por ciento.

En todo caso, consideró conveniente, incluso por razones de procedimiento legislativo con miras a otra eventual reforma a la Constitución, analizar y discutir ampliamente la propuesta presidencial y la que él propone de instituir un nuevo esquema de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que priorice en verdad el respeto a los Derechos Humanos, la seguridad y la gobernabilidad.

Insistió en que precisamente lo que prevalece es la antítesis de esto, pues a todas luces, ante ojos de propios y extraños, en México hay una crisis de gobernabilidad democrática asociada a inseguridad y violencia.

“Estamos en un momento histórico para transformar las inservibles y fallidas políticas de seguridad pública apostando por la coordinación y no por la sustitución, por el fortalecimiento y no por la disolución, por la institucionalidad y los Derechos Humanos, y no por el centralismo corrupto”, apuntó Ortega Álvarez.

Señaló que no es con un “mando único” como el propuesto por el Ejecutivo Federal como se avanzará en la solución de esta problemática, ya que descarta cualquier coordinación, de plano violenta la autonomía e independencia de municipios y estados, y de facto desaparece el federalismo.

Más grave todavía –dijo– es que, además de ignorar especificidades y necesidades de los municipios, criminaliza a sus autoridades al considerarlas de por sí corruptas y al servicio de la delincuencia organizada, mientras por otra parte quiere hacer creer que las policías estatales o federales son incorruptibles.

La realidad demuestra cotidianamente que esto no es cierto: una y otra vez las policías estatales y federales se han visto envueltas en múltiples actos delictivos –como la reciente desaparición de cinco jóvenes en Veracruz– y sería un craso error dejar en sus manos el “mando único”.

Por ello –concluyó– lo que es requiere es una amplia y seria discusión para diseñar, normar y aplicar un nuevo esquema de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno.

Mediante una propuesta de punto de acuerdo, planteó a la Cámara de Diputados que, con el Senado y el Ejecutivo Federal, hagan esta convocatoria. En este sentido, celebró el esfuerzo del Senado para incluir a la sociedad civil en la discusión de diversos temas como tortura, puesto que no se puede generar un marco normativo en temas trascendentales para el país sin opiniones expertas.