No alentar a delincuentes, piden tlahuicas al gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de febrero de 2016.- Respaldados por el diputado Omar Ortega, comuneros tlahuicas de San Juan Atzingo, Municipio de Ocuilán, exigieron a los gobiernos federal y mexiquense honrar con hechos su supuesta preocupación por el medio ambiente y los Derechos Humanos mediante la pronta liberación del ambientalista Ildelfonso Zamora Baldomero, preso injustamente en el Penal de Tenancingo, informó a través de un comunicado el Grupo Parlamentario del PRD.

Asimismo, les demandaron liberar ya los apoyos para preservar productivamente los bosques en lugar de alentar a los taladores clandestinos, pues eso es lo que hacen cuando con policías estatales y elementos del Ejército agreden a quienes se oponen a los ladrones de madera.

El legislador federal perredista y Misael Zamora Gómez –hijo de Ildelfonso–, Nicolás Hernández Alberto, Alejandro Ramírez Raymundo y Gustavo Hernández, integrantes de ese núcleo agrario, señalaron que de poco sirve pregonar dentro y fuera del país interés por el cambio climático si en el propio territorio nacional nuestros gobiernos actúan en sentido contrario.

En los hechos, ambos gobiernos, federal y mexiquense, y sus dependencias, permitieron la pérdida de casi cuatro mil de las 24 mil hectáreas de bosques que conforman los bienes comunales de San Juan Atzingo y la depredación únicamente se desaceleró por la firme oposición y acción de los propios comuneros.

En esa lucha fueron acusados de diversos delitos sin prueba alguna, enfrentaron intentos de detención sin orden judicial, sufrieron destrucción de vehículos y fueron agredidos a balazos a manos de los talamontes. En una de esas balaceras, Ildelfonzo Zamora perdió a su hijo Aldo y el mismo Misael resultó herido.

En otra, una tragedia de grandes dimensiones estuvo a punto de registrarse cuando los talamontes intentaron emboscar las cuatro camionetas donde iban los comuneros, incluidos mujeres y adolescentes, hacia labores del campo. Si la tragedia no se consumó fue porque fueron detectados a tiempo y la gente corrió y se internó en los bosques para protegerse.

Ortega Álvarez recordó que gracias al respaldo de organizaciones como Greenpeace –la que también ha denunciado a los taladores clandestinos–, los comuneros frenaron la tala clandestina y emprendieron la recuperación de la zona hasta sumar cerca de mil hectáreas de nuevo arbolado.

En venganza, los delincuentes, en complicidad con algunas autoridades, enfilaron sus agresiones contra Ildelfonso Zamora, uno de los líderes de San Juan Atzingo, y le fabricaron un expediente ministerial por robo. Tres años después del supuesto hecho, violentamente lo detuvieron, golpearon e hirieron.

Debido a su diabetes, las condiciones antihigiénicas del penal, el regateo de medicamentos y el robo de éstos al interior del centro, las heridas en pie y mano de Ildelfonso Zamora no sanan, por lo que sus familiares advierten de consecuencias graves si las autoridades no le procuran atención adecuada y lo liberan.

Exigieron una y otra vez que tanto el gobierno federal como el estatal y todas las dependencias desde las que actúan –Semarnat, Profepa, Probosque, Conafor, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y cuantas existan– no les den la espalda y actúen conforme a Derecho y sus propias obligaciones.

En manos del presidente Enrique Peña y del gobernador Eruviel Ávila –dijeron– está la liberación del Ildelfonso Zamora, más aún si se considera que el día y hora del delito que se le imputa estaba recibiendo en Toluca la documentación de registro para Pueblo Hospital Ambientalista Tlahuica Zampoala Chichinautzin, la organización ambientalista que encabeza.

Recalcaron que la reclusión de Zamora Baldomero sólo alienta a los taladores –quienes ya reiniciaron su ilegal actividad– y eso va en detrimento del llamado Bosque de Agua, del cual forma parte su comunidad, así como de las ciudades de México, Toluca y Cuernavaca a las que surte de agua y oxígeno.

Reconocieron la importancia de la madera como materia prima para diversas industrias de la zona, pero demandaron que su explotación no se haga irracionalmente, violentando las leyes ni violando sus derechos.