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Poder y dinero
De Ayotzinapa a la Narvarte
Los hechos sangrientos de Iguala, Guerrero y la colonia Narvarte en la capital del país tienen varias similitudes: multi homicidios sin resolver; investigaciones atoradas y plagadas de dudas; desconfianza de parte de la ciudadanía en los resultados de las indagatorias; líneas de investigación que apuntan a gobernantes, uno municipal otro estatal; descredito de los aparatos de justicia, uno federal el otro capitalino; jóvenes las víctimas en ambos casos; policías los ejecutores, unos municipales de Iguala, otro un ex policía del Distrito Federal, y, el trasiego de drogas duras como posibles móviles.
En ambos casos hay dos elementos desaparecidos y nadie sabe de sus paraderos: el autobús Estrella Roja y la maleta negra. En los que todos suponen había droga.
En ambos casos hay incertidumbre y destaca la presencia de las llamadas fuerzas del orden que deberían estar para proteger no para ejecutar.
En ambos casos los aparatos de procuración de justicia, tanto el de la República como el de la ciudad capital del país están puestos a prueba.
Así el lunes pasado todos los diarios nacionales destacaron en su primera plana que “la verdad histórica” de la PGR sobre el caso Iguala fue rechazada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin conocerse aún el destino de los 43 normalistas desaparecidos, el grupo concluyó que éstos no eran parte del crimen organizado, no fueron a Iguala a boicotear un acto político de María de los Ángeles Pineda –esposa del Alcalde José Luis Abarca– ni fueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero: la verdad histórica hecha añicos.
Según el informe de conclusiones del GIEI, distintas Escuelas Normales del país habían acordado realizar la toma de autobuses y boteos para acudir al Distrito Federal el 2 de octubre para la conmemoración por la matanza de Tlatelolco.
El informe destaca que todo el trayecto de los normalistas, desde su salida de Chilpancingo hasta las agresiones y su llegada a los hospitales, fue vigilado y monitoreado en tiempo real por la Policía Federal, el 27 Batallón de Infantería del Ejército así como por las Policías estatal, municipal y ministerial. Es decir que durante la agresión fueron omisos y voltearon para el otro lado.
También señala que no hay evidencia alguna que vincule a los normalistas con el grupo criminal de Los Rojos. Respecto a la versión de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, el GIEI desestimó los hechos como científicamente imposibles. Y ahí, un punto polémico.
Aquí el choque y la confrontación académica entre lo “posible” y lo “imposible” con base en peritajes científicos, que no son más que opiniones. El peruano José Torero, profesor de la Universidad de Queensland, Australia, desacredita los trabajos realizados por John de Hean, Elaynr Juniper Pope, peritos forenses del Imperial College en Londres y la Oficina Forense de Norfolk Estados Unidos, y da vuelta atrás a la manija y comenzamos de nuevo con nuevos peritajes científicos del más alto nivel, promete la PGR.
Los testimonios de los presuntos responsables no coinciden en cuanto a los asesinatos, el lugar donde se cometieron los crímenes, la forma en que se les bajó de las camionetas ni cómo se les incineró, dice el informe del GIEI, para rematar sentencia y todos a temblar: “se ha generado convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”.
Los investigadores internacionales también recomendaron indagar acerca de un quinto autobús que presuntamente podría haber contenido droga (heroína) y que pudo motivar el ataque. El quinto autobús, un Estrella Roja, que se dice salió por la puerta trasera de la Terminal de Camiones. Y todos a preguntar por el misterioso vehículo con rumbo desconocido. La existencia de dicho autobús ha sido borrada de los expedientes.
Así, todo parece indicar que los jóvenes, desaparecidos a días de un año de los sucesos, tomaron por error un autobús equivocado, cargado de heroína con destino a Chicago, Illinois, ciudad adonde llega todo el enervante producido en Guerrero y que reditúa al narco crimen millones de dólares. O sea, un poderoso móvil en el que están involucrados los policías municipales de Iguala. Pues, según los investigadores, los atentados posiblemente se operaron desde una casa de seguridad en Iguala.
Veremos que sale del nuevo peritaje científico, que de ser favorable a lo sostenido por la PGR no será creído por diversos sectores de la opinión pública, menos aún por los políticamente correctos de las redes sociales. Pero si es contrario, será la verdad histórica políticamente correcta a defender por diversos activistas. Lo imposible será posible y lo posible será imposible.
Y mientras tanto en la capital del país el caso Narvarte ha dado un nuevo giro: Abraham Torres Tranquilino, el segundo implicado en el multihomicidio recibió el auto de formal prisión al ser el principal sospechoso de accionar el arma. El inculpado dijo, a su vez, que quien mató a las cinco personas fue su cómplice, Omar, aún prófugo, a quien señaló de pertenecer a Los Zetas, grupo criminal con fuerte presencia en Veracruz y Tamaulipas. El móvil, confesó, era quitarle cocaína a la víctima de origen colombiano, quien supuestamente había recogido la mercancía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea se recibe y mueve droga desde el aeropuerto a diversos puntos de la ciudad, entre otros los antros del corredor Roma, Condesa, Zona Rosa.
El hombre también declaró que el asesinato de las otras cuatro víctimas –entre ellas el foto periodista y la activista– no estaba planeado, ya que no sabían que se encontraban en el departamento cuando fueron a robar la droga. Según las propias declaraciones del ex policía capitalino, éste conoció a Mile Virginia Martín de tiempo atrás en un antro llamado Life, ubicado en la Condesa y cuyo dueño fuera asesinado por negarse a pagar derecho de piso al crimen organizado, el cual, según dice la autoridad capitalina, no opera en la megalópolis.
Coincidencias e incertidumbres en ambos casos que exigen una investigación exhaustiva y confiable para restituir la confianza en las autoridades y darnos certidumbre.