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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de abril de 2016.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, reiteró su solidaridad con el trabajo de los defensores de derechos humanos que contribuyen a la protección de los derechos fundamentales y ayudan a construir el sistema democrático de nuestro país, y pidió romper el silencio contra las agresiones de niñas, niños y adolescentes.
Recordó su propuesta plasmada en la Recomendación General 25 de la CNDH, para que desde diferentes instancias se lanzaran campañas públicas en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y se haga énfasis en la importancia de su labor, informa un comunicado.
“Crear conciencia del respeto a los derechos de estos luchadores sociales durante el ejercicio de sus actividades, sensibilizar a la población en general y especialmente a los servidores públicos que pudieran, por alguna razón, estar en contacto con ellos”.
Al participar en la inauguración de la Primera Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organizada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), llamó a generar y priorizar las políticas públicas de prevención de la violencia hacia los defensores de derechos humanos, adoptando las medidas suficientes y necesarias para proteger sus derechos fundamentales.
Convocó a las organizaciones de la sociedad civil, académicos y medios de comunicación a conjuntar esfuerzos para romper el silencio contra las agresiones sexuales de niñas, niños y adolescentes –abuso, acoso, violación, turismo, pornografía, trata, lenocinio y explotación–, con el fin de coadyuvar en el cambio de mentalidad de la sociedad para no ser permisiva, así como para que condene y denuncie toda forma de vulneración que afecte el pleno desarrollo de la personalidad de la niñez y adolescencia.
Señaló que el costo de la violencia contra niñas, niños y adolescentes es muy alto, por los graves daños y afectaciones que produce y sus efectos duraderos. Por ello, demandó dar prioridad a la prevención, identificación y acotamiento de los factores de riesgo que la generan o propician, que pueden ser de carácter social, económico, político o cultural.
“No podemos permitir –enfatizó– que nuestra niñez y nuestros adolescentes convivan, padezcan y condicionen su conducta al miedo, a la inseguridad. Debe llamarse la atención de las distintas autoridades para que se tomen medidas que garanticen sus derechos, se implementen políticas públicas integrales y articuladas en las que participe la sociedad civil y se privilegie la perspectiva de derechos y el interés superior de la niñez y adolescencia”.
González Pérez, puntualizó que “debemos trabajar, entre otras cosas, para prohibir todas las manifestaciones de violencia, incluido el maltrato como forma de corrección educativa; generar programas y campañas de educación, sensibilización y capacitación, con dimensiones de género, que combatan los factores de riesgo, así como toda práctica social o cultural que sea incompatible con los derechos humanos; mejorar las capacidades de quienes trabajan o conviven con niñas, niños y adolescentes; elaborar protocolos de atención especializados para atender a las víctimas, que evite su revictimización cuando han sufrido actos de violencia”.
Ante todos los reunidos en el Museo Franz Mayer, llamó la atención para generar indicadores que permitan compilar, analizar y difundir datos desglosados y confiables sobre la violencia contra este sector poblacional, y subrayó la importancia de considerar las recomendaciones que sobre el tema ha emitido el Comité de los Derechos del Niño y las observaciones finales al 4º y 5º Informes Consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Es prioritario –añadió– generar acciones para apoyar a las familias –mayormente a aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad– sobre la importancia de que empoderen y habiliten a sus hijas e hijos para la vida, que les enseñen a protegerse, a que conozcan y reclamen sus derechos y les orienten en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación para evitar un mal uso, o que pudieran ser víctimas de violencia a través de esos medios”.
Respecto de la construcción de entornos no violentos en el hogar, escuela y comunidad, detalló que la CNDH pone énfasis en la prevención y abatimiento de la violencia contra la niñez y adolescencia en centros escolares, tarea que requiere la intervención conjunta, responsable y articulada de autoridades, docentes y comunidad escolar. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de niñas y adolescencia a vivir una vida libre de toda forma de violencia, aseguró.